En las gestiones gubernamentales del Movimiento Al Socialismo (MAS), la justicia ha sufrido un gran deterioro y se ha “prostituido” con padrinazgos y “células políticas” que definen los cargos en el sistema judicial en que los culpables salen libres y declarados inocentes, y muchas veces las víctimas son las que terminan en la cárcel.

Así refieren analistas, juristas y políticos que sostienen que la justicia está secuestrada en manos de un partido político, es decir, el Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia, Agroambiental, Consejo de la Magistratura, todos dependientes del MAS.

“El MAS, a partir de la captura del Órgano Judicial e insertando en los altos tribunales de justicia (...) a personas afines a su partido no en base a méritos sino en base a la simpatía política o al padrinazgo político masista, ha generado una suerte de cascada que se traduce en actores que están en las cortes departamentales y están en los juzgados que terminan siendo parte del partido político”, sostiene el abogado constitucionalista y exministro de Estado Carlos Alberto Goitia Caballero.

Para el legista Omar Durán, la justicia en manos del MAS ha sido prostituida, espacio en que roscas manejan el sistema, los negocios grupales, todo se hace en familia.

“Aquí en Bolivia el 100 por ciento de jueces y fiscales están influenciados y ¿dónde empieza la prostitución y se agranda? Es cuando se hace elecciones de magistrados y fiscal. Desde que el MAS ha tenido sus dos tercios, ha puesto a quienes les ha dado la gana, son puestos a dedo”, refiere.

Señala que el partido gobernante se apropia de las estructuras de justicia a partir del Consejo de la Magistratura, con padrinos y grupos políticos que responden al partido azul.

“¿Quiénes han elegido al Consejo de la Magistratura? Son los del MAS. Lamentablemente, la justicia está podrida, grupos delictivos que creen que con dinero se compra todo, cargos, se paga para ser fiscal, bajo la lógica de que si tú pagas es porque está invirtiendo y quieres recuperar, ésa es la cara de nuestra justicia”, indica.

El abogado constitucionalista Paul Antonio Coca, de manera coincidente, señala que, al interior del sistema judicial, hay conjuntos o grupos de poder afines al partido gobernante que manejan la justicia.

“Lamentablemente es así, En este momento, la administración de justicia ha logrado tener un sistema absolutamente contrario a la Constitución Política del Estado”, indicó.

Fallos

Bajo esta perspectiva y dependencia del sistema judicial, analistas consideran que los fallos están condicionados a lo que requiere el grupo de poder, en este caso el Gobierno.

“Se ha visto cómo actúan jueces y fiscales ante la presión o sugerencia que hacen autoridades del Ejecutivo, cumplen con el mandato, en este periodo dan prioridad a los temas políticos, atacar a los que no son de la línea del MAS y hacerse de la vista gorda en casos que involucran a masistas”, refiere un investigador que prefiere guardar su identidad.

En ese camino, el abogado Goitia sostiene que hay personas que no gozan de legitimidad en los cargos y lo que han hecho es comprometer sus fallos a partir del apoyo político recibido.

“La muestra más evidente es la corrupción que se ha expandido en niveles espantosos, liberando culpables y condenando a inocentes”, dijo.

CC pide elegir a nuevas autoridades en la justicia

En medio de la crisis del sistema de justicia, Comunidad Ciudadana (CC) reiteró su propuesta de “reforma parcial de la constitución” para la renovación del Órgano judicial y el Ministerio Público, concordante con las recomendaciones del GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes), a través de un Acuerdo Nacional.

De acuerdo con la propuesta, esta reforma parcial de la Constitución podría concretarse hasta junio de 2022 a través de una Ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobada por 2/3 de votos, sometiendo a referendo el texto de la reforma conjuntamente con una plancha de postulantes a altos cargos del Ministerio Público y del Órgano Judicial.