El gobernador de La Paz, Santos Quispe, infringió al menos cinco normas que regulan las obligaciones de los servidores públicos por presuntamente consumir bebidas alcohólicas en su despacho el martes por la noche. En consecuencia, los legisladores departamentales aguardan la determinación de la justicia para censurar y, posteriormente, destituir a la autoridad investigada.

Quispe es denunciado por uso indebido de bienes del Estado e incumplimiento de deberes, delitos enmarcados en la Ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz, el Decreto Supremo 0181 de Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, la Ley del Estatuto del Funcionario Público, la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (Safco) y la Constitución Política del Estado.

La autoridad, que se encontraba en la Gobernación bajo efectos del alcohol junto a nueve funcionarios (seis mujeres y tres hombres), declaró ayer ante la Fiscalía paceña y está a la espera de su situación legal. 

“Él (Santos Quispe) estaba en la Gobernación consumiendo bebidas alcohólicas y vulnerando todas las normas vigentes del Estado”, dijo la asambleísta Samanta Coronado, de Somos Pueblo.

“Vamos a hacer la censura al gobernador, como corresponde”, adelantó el legislador departamental del Movimiento Al Socialismo (MAS) Raúl Poma. Al mismo tiempo, negó que se tratara de una persecución política y aclaró que los asambleístas opositores de Somos Pueblo y Jallalla, partido que llevó a Santos al cargo, encabezan la denuncia contra el actual gobernador.

Quispe antes de ser llevado a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) insistió en que las latas de cerveza encontradas en su oficina fueron “montadas”. En tanto, el abogado Raúl Ferreira dijo que su defendido estaba sobrio, pese a que la autoridad admitió haber bebido en una comunidad horas antes.

Allanan la censura
El asambleísta Israel Alanoca, de Jallalla, aclaró que el procedimiento para censurar al gobernador será extenso y tiene tres pasos previos: informe escrito, informe oral y, por último, la interpelación que derivará en la censura.

Esta acción es una competencia de la Asamblea Departamental, regida por la Ley de Fiscalización y Transparencia, y que en su reglamento interno exige al menos 32 votos (dos tercios) para censurar al gobernador, caso contrario se otorgaría voto de confianza.

“Para la censura deben existir 32 votos, pienso que vamos a superar este número y la asamblea en pleno va a censurar al gobernador. Por lo tanto, el presidente convocará a reunión a los jefes de bancada para instalar una sesión”, confirmó Poma a este medio.

En septiembre de 2021, Quispe fue censurado por no transparentar un hecho de tránsito protagonizado por un vehículo del Estado, donde él también habría estado ebrio y se dio a la fuga.

Por otro lado, en caso de que Quispe sea imputado por la Fiscalía y siguiendo la Ley Marco de Autonomías, la Asamblea deberá designar a un gobernador interino de la bancada de Jallalla. Sin embargo, es un escenario posible sujeto a la decisión de las autoridades competentes que llevan el caso.