Medio: Los Tiempos
Fecha de la publicación: martes 17 de julio de 2018
Categoría: Representación Política
Subcategoría: Procesos contra autoridades electas
Dirección Web: Visitar Sitio Web
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En una audiencia que se dilató por un mes por el conflicto de unir o no los casos Mochilas I y II, la jueza anticorrupción, Sara Céspedes, dispuso ayer mantener la detención domiciliaria del alcalde José María Leyes y rechazó la modificación de las medidas cautelares.
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“Se rechaza la solicitud de modificación, persiste el riesgo de obstaculización, la defensa no mostró los suficientes elementos que desvirtúen la probabilidad de autoría, la documentación presentada es insuficiente”, manifestó.
Por cuarta vez, la defensa solicitó la modificación de la detención y la restitución del derecho al trabajo, además pidió que se levanten la restricción de opinar sobre el caso, la prohibición de acercarse a la Alcaldía y que sólo se mantenga la prohibición de comunicarse con los procesados.
“Se tienen nuevos elementos para modificar la detención domiciliara, no existe sobreprecio, los logos eran de conocimiento público”, explicó Humberto Trigo.
El otro abogado del munícipe, Alberto Morales, dijo que de 30 declaraciones de testigos e imputados, como defensa sólo tienen conocimiento de ocho a causa de la reserva del caso. “La reserva del caso fue ilegal”, expresó.
Por otro lado, el fiscal superior José Manuel Gutiérrez observó los documentos presentados por la defensa. “No tienen ningún peso. No trajeron la información necesaria de la necesidad de trabajar que tiene el imputado”, argumentó.
Por otro lado, el fiscal anticorrupción asignado al caso, Óscar Aparicio, presentó como prueba ocho declaraciones de Cristian S., Rolando N., Marco B., José Miguel P. y Carolina A.
“Con estas declaraciones se muestra claramente el direccionamiento que existía desde la MAE a través de diferentes funcionarios. En cada ampliación de información surgen nuevos elementos” para adjudicar las mochilas a la Asociación 26 de Febrero, expresó.
El abogado del Viceministerio de Transparencia, César Romano, mostró como pruebas las amenazas que recibía el exdirector de Desarrollo Humano de la Alcaldía, Rolando N., presuntamente de grupos de WhatsApp de la Alcaldía y de Demócratas.
Ante esta situación, la jueza encomendó al Ministerio Público investigar los números de celular desde donde Rolando N., y otros imputados recibieron amenazas, para enriquecer el proceso de investigación.
JUEZA RECHAZA TRES RECUSACIONES
La jueza Sara Céspedes rechazó ayer dos memoriales de recusación presentadas por el Ministerio Público el 11 de junio y del Viceministerio de Transparencia del 16 de julio de 2018.
El representante de la Procuraduría, Juan de la Cruz Vargas, solicitó presentar un tercer memorial de recusación, que no fue admitido por la titular anticorrupción.
“Pueden activar los mecanismos pertinentes si no están de acuerdo”, expresó Céspedes. La jueza anticorrupción es investigada por el presunto delito de “prevaricato” por haber unido de oficio los casos Mochilas I y II el 8 de junio.
AUDIENCIA Y LA TERCERA DENUNCIA
La audiencia de modificación de medidas cautelares se suspendió el 8 de junio, porque Leyes sufrió una descompensación de salud y porque la jueza unió los casos Mochilas. Luego, por la detención de la funcionaria.
La tercera denuncia que anunció el Viceministerio de Transparencia contra el alcalde de Cochabamba José María Leyes y su entorno familiar aún no se presentó en el Ministerio Público.
La tercera denuncia fue anunciada el 8 de junio. El representante del Viceministerio de Transparencia, Ever Veizaga, dijo que recaban elementos.
