En el siglo XX la resistencia a las directrices legislativas sociales americanas tuvo súbitas experiencias a partir del control judicial de constitucionalidad de esas leyes, en 1921 Edouard Lambert en su obra “El gobierno de los jueces” reflejó un análisis hito para el derecho constitucional sobre esa configuración estatal, su principal cuestión la de jerarquización y revisión sobre las obras del legislador en razón de las atribuciones del órgano judicial. Desvirtuando, por así plantearlo, el épico manifiesto de Charles-Louis de Secondat en su “Del espíritu de las leyes” sobre la inadmisibilidad de la concentración del poder a partir de los contrapesos entre los órganos con la teoría de la separación de poderes. Lamentablemente esa garantía democrática se ve empañada por esa percepción “inamovible” que creen tener algunos malos miembros del Órgano Judicial en Bolivia.

Hoy a pesar de esa discrecionalidad judicial de los juzgadores parecían “intocables”, al extremo tal de liberar feminicidas seriales con anormalidades por demás evidentes: una resolución contradictoria inadecuadamente interpretada de la Ley 2298 y su DS 26715 donde no se demuestra la fase terminal de la “enfermedad incurable” que motivó el excarcelamiento de un condenado por 30 años sin derecho a indulto, más aún cuando se encontraba en cumplimiento inicial de su pena de privación de libertad, y además sin imponer obligaciones sobre las condiciones de cumplimiento fuera del recinto penitenciario; en conclusión estas irregularidades en una resolución emitida por un juez no son otra cosa que prevaricato. Los efectos colaterales son irreparables, así sentencien a la cadena de responsables nadie les devolverá la vida a las hijas de las familias víctimas del feminicida liberado.

Ya no más reformas. No son útiles. Existen más de mil jueces en Bolivia y hoy un desafío importante desde el Consejo de la Magistratura y la Fiscalía General es consolidar la evaluación de desempeño y recalificación meritocrática de sus operadores de justicia y si no aprueban se los debe destituir de manera inmediata. A los buenos fiscales, jueces y vocales (porque sí los hay) se los debe mantener y promover garantizándoles carrera institucionalizada en el Órgano Judicial y Ministerio Público.

Las coyunturas mediático-judiciales nos develan cada vez más el secreto a voces, por ello es impermisible pensar en la abyección de los jueces al poder o las dádivas procesales, se debe identificar a “Los juristas del horror”, diría Ingo Müller, porque se los tiene que extirpar del sistema judicial, ya que se convirtieron en un cáncer que está lacerando a nuestra sociedad. Sólo así se puede garantizar una “restructuración judicial” creíble por el pueblo.

Israel Adrián Quino Romero es abogado y periodista, ex delegado Adjunto para la Promoción y Difusión de los DDHH de la Defensoría del Pueblo