Por segunda ocasión se suspendió la audiencia de medidas cautelares contra del gobernador de Tarija, Oscar Montes; el alcalde de la capital, Johnny Torres; el presidente del Comité Cívico, Adrián Ávila, el dirigente del autotransporte, Gabriel Pérez, y los cívicos Sebastián y Óscar Sanabria Ortega.
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La audiencia fue reprogramada para el viernes a las 8:30 de la mañana. Para la parte denunciante, el paro contra la ley antilegitimación fue un "alzamiento" contra el Gobierno.
La Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas fue abrogada el 16 de noviembre. / Foto: Archivo APG.
Por segunda ocasión se suspendió la audiencia de medidas cautelares contra del gobernador de Tarija, Oscar Montes; el alcalde de la capital, Johnny Torres; el presidente del Comité Cívico, Adrián Ávila, el dirigente del autotransporte, Gabriel Pérez, y los cívicos Sebastián y Óscar Sanabria Ortega.
Todos ellos son procesados por el presunto delito de instigación pública a delinquir por el paro que se instaló en esa región, en noviembre de 2021, en rechazo a la Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas.
La denuncia fue interpuesta el 11 de noviembre por el ejecutivo de la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija (FSUCCT), Aldo Velásquez.
La Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas fue abrogada el 16 de noviembre luego de un paro protagonizado por varios sectores, entre ellos comerciantes, transportistas y cívicos en diferentes departamentos del país.
“La audiencia virtual empezó a las 8:30 y se ha suspendido en el sentido de que no se habría notificado al Ministerio Público con los incidentes que presentaron Gabriel Pérez y los hermanos Sebastián y Óscar Sanabria Ortega”, informó el abogado del demandante.
El jurista informó que la audiencia fue reprogramada para el viernes a las 8:30 de la mañana. Para la parte denunciante el paro de noviembre se constituyó en un atentado contra la salud y fue un "alzamiento" contra el Gobierno nacional.
“Eso ha constituido, para nosotros, en primer lugar, un atentado contra la salud porque no han permitido que menores, padres, madres se vayan a vacunar. Segundo, es delito de sedición, ellos han desconocido a un Gobierno legalmente constituido y se han alzado públicamente con la finalidad de oponerse al cumplimiento de decretos y leyes”, manifestó el abogado del dirigente campesino Velásquez.
Los señalados han rechazado la denuncia y aseguraron que la demanda es parte de un plan de persecución política. El gobernador tarijeño apuntó al Movimiento Al Socialismo (MAS).
"Quieren hacernos daño político, nos quieren callar, amedrentar y someternos, eso no lo vamos a permitir. Nuestro único pecado es haber ganado a los candidatos del MAS”, declaró el gobernador tarijeño.
