El caso del asesino liberado por un juez devela, de la manera más descarnada, el lamentable estado de la administración de justicia en Bolivia, al punto de que el ministro del área acaba de denunciar la existencia de una red de corrupción que involucra a jueces y fiscales.

Para el Ministro de Justicia, esto ratifica la necesidad de una cumbre para la reforma judicial, anunciada hace más de un año y sin ningún avance hasta ahora.

A fines del año pasado, esa autoridad anunció la cumbre para marzo de 2022; hasta ahora no se conoce cuál será la agenda ni quiénes serán convocados a ella.

Lo más probable, con el antecedente de una anterior “cumbre” en la que solo participaron movimientos sociales afines al MAS, es que nuevamente sea un monólogo del Ejecutivo seguido por un coro de sectores aliados, que intentarán ajustar aún más el sistema para perseguir judicialmente a los opositores y mantenerlo tan degradado como está.

La urgencia de cambiar la justicia —sinónimo de persecución política y de corrupción, injusticia, lentitud y burocracia— no parece ser una prioridad para el Gobierno.

Al inicio de su gestión, el titular de Justicia planteó una reforma judicial y organizó un consejo consultivo, pero pocos días después las presiones del partido en función de gobierno frenaron esa iniciativa.

Como alternativa a ese primer fracaso, el Ministro propuso una agenda de “seis ejes” para encaminar y ejecutar la reforma judicial que no fue socializada con los actores que correspondía, sino otra vez con los movimientos afines al MAS, la misma que no resuelve los problemas de fondo.

En su informe mundial de 2021, la organización internacional Human Rights Watch (HRW), que vigila el cumplimiento o violación de los derechos humanos en los países, dijo que en Bolivia la justicia “sufre efectos de la interferencia política desde hace años”.

Esa es una de sus taras. Las otras son: la corrupción en todas sus instancias, la parcialización y la ineptitud de muchos de sus funcionarios.

Lo estamos observando ahora con el caso del feminicida liberado de manera irregular y las consecuencias trágicas de esa acción.

Los afanes oficialistas por identificar y procesar a los involucrados en la liberación del asesino de El Alto y de su cómplice, seguramente continuarán mientras el tema siga vigente en la atención, e indignación, ciudadanas. Pero, considerando los antecedentes y la carencia de voluntad política, aun siendo un escándalo indisimulable, el caso se disolverá en el olvido y la justicia continuará como un instrumento de coerción política y un generador de corrupción e injusticias.