La conmoción pública causada por la detención de un violador serial, asesino de varias mujeres y abusador de decenas que, habiendo sido condenado a 30 años sin derecho a indulto, fue enviado a detención domiciliaria pocos meses después de ingresar a la cárcel, ha causado una vez más anuncios de reforma de la justicia, una nueva cumbre por la reforma y otras medidas con las cuales las autoridades buscan esquivar las culpas por los problemas que se confrontan. Sin embargo, nada funcionará si no institucionaliza la justicia renunciando al control político que sobre ella se ejerce.

Quizás el ejemplo más claro, y el más fácil de abordar, es el Ministerio Publico, pues para reformarlo no hace falta ninguna reforma constitucional ni gran ingeniería legal. La Asamblea Legislativa debiera darle un mandato legal perentorio al Fiscal General para iniciar un proceso de convocatoria pública, abierta, competitiva y transparente, para elegir nuevos fiscales a nivel nacional, dado que los actuales, en su casi totalidad son interinos. Los Fiscales de Distritos deben ser institucionalizados, con periodo fijo y una relación directa, en su designación, con el departamento en el cual ejercen sus funciones. La Constitución deja abierta a la ley su designación y esta regulación sería perfectamente posible. De lo contrario seguirán siendo sujetos a designaciones arbitrarias, con lo cual no defienden a la sociedad sino a quienes los pusieron en el cargo.

El problema de la elección por voto popular de los altos magistrados, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, Consejo de la Magistratura y Tribunal Agroambiental, constituye una de las fallas estructurales de la Constitución vigente y uno de sus principales fracasos. No obstante, dada la desconfianza generalizada y la confrontación ciudadana que implica una reforma constitucional, se puede aminorar este problema regulando mediante ley la incorporación de la sociedad civil al proceso de selección de los candidatos, limitando la discrecionalidad de la mayoría parlamentaria para elegir políticamente a quienes se expondrán a la elección popular, dándole así condiciones al pueblo de elegir entre candidatos independientes.

Mecanismos similares de participación ciudadana se podría hacer para el acompañamiento del proceso de selección de jueces y vocales de justicia, así como para el seguimiento de sus procesos de destitución por faltas gravísimas. Lo que existe actualmente es un proceso oscuro que no tiene la publicidad ni la competitividad debida, en el que las denuncias de ventas de los cargos son moneda frecuente, y en el cual la influencia política en los nombramientos es determinante, además de la influencia indebida que ejercen los miembros de los altos tribunales en la distribución de estos cargos, especialmente a nivel de vocalías en los departamentos que representan, como si se tratase de algún tipo de propiedad personal.

Todas estas propuestas parecen ser ingenuas porque implican cambiar la forma en la que la justicia se ha administrado durante la mayor parte de la historia del país, aunque, evidentemente, en los últimos años se hubieran agravado estas malas prácticas. Sin embargo, sin afrontar estos temas no se lograrán los resultados que reclama la ciudadanía que ve al sistema de justicia como una amenaza a su libertad, seguridad y derechos fundamentales, en vez de encontrar en estas instituciones, la protección y garantías que ofrecen la Constitución y los Tratados internacionales de derechos humanos.

En el fondo, no habrá una verdadera reforma si el poder publico no renuncia al control político de la justicia, así como tampoco habrá una verdadera democracia si no hay una justicia verdaderamente independiente, puesto que el estado moderno, caracterizado por la democracia liberal y representativa como forma de gobierno, no tiene sentido si no garantiza la libertad y la seguridad de sus ciudadanos; esta es la esencia de su razón de ser, el sentido real de su existencia.

Oscar Ortiz ha sido senador y ministro del Estado.