La indignación ha vuelto a recorrer la columna vertebral de las familias bolivianas al comprobar con toda la crudeza que un sentenciado por violar y matar puede vivir en libertad sin mayores remordimientos del sistema por cuestiones de la burocracia.

Aun así, las manifestaciones públicas siguen siendo menores. Es legítimo preguntarse por qué se realizan multitudinarias marchas en defensa de uno u otro político, alcalde, presidente o concejal, y sin embargo la gente mira desde el costadito cuando lo que piden las movilizaciones es justicia efectiva para las víctimas de violencia sexual o feminicidio. Realmente carece de sentido. El problema estructural existe.

Como casi siempre en estos casos polémicos que le estallan al Gobierno en las manos, el asunto, que es general, se convierte en puntual. Se identifica al juez en cuestión que no cumplió con su obligación en su momento, o que al menos hizo una interpretación errada del asunto, y se carga contra él con toda la dureza de la Ley, anunciando procesos, amenazas, degradaciones, etc.

Después pasa el tiempo y todo se olvida. No todo, siempre quedan las víctimas portando su dolor. Quedan un puñado de activistas dispuestas a jugarse la piel porque estas cosas no caigan en el olvido y, tal vez, algún cuadro político dispuesto a recordar a sus jefes que se han comprometido reformas en la justicia que nunca llegan.

En el caso puntual del violador serial de El Alto se dieron aspectos negligentes, en otros casos, como en el caso del asesor del gobierno municipal de Tarija sentenciado por parricidio, hay una interpretación sobre los derechos y sobre todo, una burda Ley garantista que pretendía evitar que la prisión preventiva se convierta en permanente pero que lo ha logrado es que delincuentes comunes estén en la calle, revictimizando o cometiendo nuevos delitos simplemente porque hay un cuello de botella con las apelaciones a instancias superiores, en este caso al Tribunal Supremo.

El asunto es más que grave y sin embargo, nadie parece estar dispuesto a acelerar las reformas necesarias en este sentido, que pasan por una interpretación legal más acorde, pero también por una intervención ejecutiva sobre lo que pasa en Sucre, donde las causas pueden dormir años y nadie es capaz de explicar el criterio de avance sin mentar las sospechas de corrupción.

Una vez resuelto ese problema elemental, el de evitar dejar a asesinos y violadores en la calle, será el momento de abordar otras reformas en la Ley 348, que evidentemente hacen falta, y sobre todo una forma de enfrentar el problema estructural de un Estado machista y patriarcal que sigue supurando por los poros, en el día a día, y que hace que los políticos no se mojen a la hora de condenar la violencia machista y los vecinos se pongan en el costadito para ver pasar la marcha de la indignación, porque “estas cosas de los feminicidios no va con nosotros”.

Es hora de medidas valientes.

Ni una Menos.