La interminable crisis de credibilidad de la justicia boliviana, por ya obvias razones de falta de independencia respecto del poder político, llega a su punto de ebullición en coyunturas como las actuales en el país: prácticamente no hay manera de que la mafia y el narcotráfico encuentren un merecido castigo.
Son tales los entramados que tejen los criminales ligados al narco en América Latina que, sobre todo en países como el nuestro, con una Policía desacreditada y una justicia sometida, terminan hallando terreno fértil para sus actividades ilícitas. No hace falta que venga la DEA norteamericana ni cualquier otra autoridad nacional en la materia para confirmar eso que, a esta altura, es vox populi.
Maximiliano Dávila, detenido recientemente, fue jefe de Inteligencia y de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) durante el gobierno de Evo Morales. A partir de él, han comenzado a destaparse una aparente serie de vínculos con famosos delincuentes y también con políticos. Tampoco nada que deba sorprender, si se considera que la política está tanto o más desprestigiada que la Policía y la justicia.
El coronel Dávila, investigado por la estadounidense Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) debido a su presunto vínculo con una compleja red de comercialización de cocaína, está ahora en San Pedro, pero, antes de ingresar a la cárcel paceña, denunció que el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, buscaba incriminar al jefe nacional del MAS, Evo Morales.
De esta manera, se introdujo el elemento político en un caso netamente de seguridad. Hace semanas que se viene hablando de una presunta crisis interna dentro del Movimiento Al Socialismo (MAS), a propósito de los cambios que usualmente se producen en los gabinetes ministeriales en esta época del año.
¿Por qué querría Del Castillo incriminar a Morales en la compleja trama de narcotráfico en la que está implicado Dávila? Morales, no está de más recordarlo, lidera hace muchos años las Seis Federaciones de Cocaleros del Trópico de Cochabamba.
En cuanto al coronel Dávila, mientras en Estados Unidos se lo investiga por narcotráfico, la Fiscalía boliviana lo hace por el delito de legitimación de ganancias ilícitas.
Y con relación a la Policía, es evidente —no solo de ahora, sino también de tiempos pasados— que el narcotráfico tuvo vinculación con autoridades de esa institución, que debería ser ejemplo de rectitud y no caer tan fácilmente en las redes de la droga y de la corrupción.
Solo dos antecedentes: Hace poco se informó de la inminente extradición de Omar Rojas Echeverría, exmayor de la Policía Boliviana, quien junto a Jorge Roca Suárez, alias “Techo de paja”, están siendo acusados de enviar grandes cantidades de droga a Estados Unidos en distintas oportunidades.
Por otra parte, el año pasado el diario brasileño O Estado de Sao Paulo publicó que “Bolivia se convirtió, en los últimos años, en el santuario del Narcosur, el cartel de droga del temible Primer Comando de la Capital (PCC), la organización criminal más grande de la región”. (R)
