El malestar ciudadano ante el sistema judicial va en aumento. El caso del juez que envió a detención domiciliaria al denominado “psicópata sexual”, dándole la oportunidad de cometer nuevos crímenes aberrantes, puso sobre el tapete el problema de los magistrados que liberan a culpables, por contraposición a los jueces que encarcelan a inocentes, sobre todo en procesos de tinte político. Ante esta crisis, que parece terminal, el Gobierno ensaya una “estrategia de contención”, basada en circunscribir el problema a un solo tema de alta legitimidad moral (la violencia contra las mujeres) y obviando otras aristas igualmente importantes de la cuestión, como la subordinación de los magistrados al poder de turno.

El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, que en otros temas ha sido tan funcional al régimen, dijo sin embargo lo que muchos piensan: que las “Cumbres por la justicia” serán inútiles, así como la “asistencia foránea coyuntural”, esto, cuando se acerca la fecha de visita del relator de la ONU a Bolivia a mediados de este mes. Rodríguez Veltzé opinó que en lugar de estos eventos debe darse una “reflexión plural y participativa”, que sería otra manera de aludir a un gran debate nacional.

Ante la “estrategia de contención” del oficialismo, se necesita plantear una verdadera “estrategia de transformación” del sistema judicial y del Ministerio Público. Esto puede incluir desde propuestas independientes para la reforma de la justicia, hasta una previsora organización de cara a las elecciones judiciales que, nos guste o no, tendrán lugar tarde o temprano, en una coyuntura política algo más favorable que las anteriores. En ambos casos, la clave parece estar en una preselección ciudadana de los postulantes a magistrados, según criterios de meritocracia en la acepción más amplia posible del término, atendiendo tanto a la formación académica como a los antecedentes fácticos y a la idoneidad psicológica.

La buena noticia, tomada dentro de sus limitaciones y sin ingenuidades, es el hecho de que el oficialismo ya no cuenta con 2/3 para aplicar su aplanadora parlamentaria, con lo que se abrirá cierto margen de concertación para la selección de ternas de cara a los comicios judiciales, programados para mediados del 2023, pero que podrían ser, eventualmente, adelantados. Lo crucial será que tenga lugar, de una forma u otra, la preselección ciudadana ya sea a través de mecanismos plasmados en una ley de reforma, o mediante una organización autogestionaria de la sociedad civil, no muy distinta de aquella Asamblea Provisional Autonómica que allanó el camino para los cambios constitucionales (parciales e insuficientes, sin duda) que consolidaron la elección directa de autoridades ejecutivas y legislativas en los departamentos.

El autor es escritor y analista político