Poco o casi nada avanzó la implementación de las conclusiones de las diferentes cumbres de justicia que llevó a adelante el partido gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) para transformar el sistema judicial. La estructura, la corrupción, la retardación continúa y las soluciones planteadas, a través de algunas normativas, se constituyen sólo en parches, tal cual sucede con la detención de un juez, de auxiliares u otros, por el caso de Richard Choque, según evaluación de juristas.

Desde hace años que se habla sobre una verdadera reforma de la justicia, pero sólo quedó en discursos, en buenas intenciones y nada más que eso, sin que hasta la fecha haya habido un verdadero cambio al Órgano Judicial. Incluso se llevaron a cabo pomposas “cumbres judiciales” sin resultados efectivos para su transformación.

El exalcalde de La Paz y abogado Juan del Granado considera que el tema de la reforma de justicia es un tema pendiente que ha sido abordado por distintos gobiernos: cada uno ha dado reformas iniciales, parciales y discursivas, pero que ninguno fijó una estrategia estatal de largo plazo.

“Estamos convencidos de que es poco o nada que podemos esperar del Gobierno (...). La reforma tiene que hacerse realidad, dejar de ser un discurso, ha sido más retórica”, sostiene uno de los 10 juristas que plantean reformar la justicia a través de una consulta ciudadana.

Respecto a una nueva cumbre, Del Granado señala que el Gobierno centra todas las posibilidades en una cumbre de justicia para marzo de 2022 “no va a ser la primera cumbre que hace el Gobierno del MAS; va ser la tercera. En 2012, 2016, ninguna tuvo resultados reales, objetivos; hubo conclusiones, documentos, pero con ningún resultado concreto”.

Acciones

Ante las últimas revelaciones sobre el beneficio de detención domiciliaria a Choque, señalado como psicópata sexual, pese a tener una condena de 30 años de presidio sin indulto por asesinar a una joven en 2013, diferentes sectores expresaron que habría otros feminicidas libres.

Por lo menos hay más de una centena de individuos con sentencia por violación y feminicidio que gozan de detención domiciliaria u otro beneficio.

Las protestas determinaron que se accionen operativos para dar con los presuntos involucrados en la liberación del asesino, auditorías a sentencias y procesos de violaciones y feminicidios.

Para evitar la corrupción en el sistema de justicia, la Cumbre de Justicia de 2016 recomendó fortalecer el control social, además aprobar una Ley de Acceso a Información Pública, la designación de un Defensor del Litigante.

Asimismo, implementar la figura del agente encubierto en la lucha contra la corrupción en consorcios de jueces, fiscales y abogados, la cesación inmediata de los operadores de justicia denunciados, la verificación de su patrimonio, así como la creación de un extra órgano encargado de fiscalizar el trabajo del Órgano Judicial.

Sin embargo, ninguna de estas propuestas prosperó.

También se planteó endurecer las penas para el delito de violación de niños y niñas seguida de muerte, con cadena perpetua, además aplicar la sumatoria de penas para delitos de alta relevancia social y casos de reincidencia.

La politóloga Patricia Velasco señaló que sólo el considerar estas propuestas se ve que quedó en discurso y que no se implementaron las recomendaciones de un evento promovido por el Gobierno y con una mayoría de asistentes afines al MAS.

Trabajan en ley corta para endurecer sanción

El presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados, Juan José Jáuregui, informó que el Legislativo trabaja una ley corta para endurecer las sanciones para jueces que cometan el delito de prevaricato en casos de violación y feminicidio.

“Estamos diseñando una ley corta que agrave la pena, pero en el caso de que se vincule a decisiones judiciales referidas a feminicidio y violación, éstas tengan que agravarse aún más en el tema prevaricato”, señaló.

Adelantó que se plantea la modificación del artículo 174 del Código Penal referido a consorcio de jueces, fiscales, policía y abogados, que prevé privación de cinco a 10 años, al igual que el delito de prevaricato, que establece la misma sanción, lo que consideró como sanción leve.

“Es inadmisible que haga una valoración con el delito de prevaricato, con relación a delitos como la violación o al feminicidio con sanciones al administrador de justicia, similares a los de materia civil u otro tipo de materias del derecho”, indicó.

Preve que el proyecto de norma se concluya en los próximos días y ser puesta a consideración del pleno camaral para su aprobación respectiva.

Acompañarán con esta legislación la iniciativa gubernamental de la creación de una comisión de revisión de casos de violación y feminicidio en el que los sentenciados fueron liberados.

Comisión de Seguimiento

El 6 de febrero de 2017 se promulgó la Ley de la Comisión de Seguimiento de las Conclusiones de la Cumbre de Justicia, integrada por ministros, legisladores y un representante de la Universidad Boliviana.

A corto plazo, debían “proponer mejoras al proceso de preselección y elección de los magistrados, y los consejeros del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional, en el plazo de 30 días de constituida la comisión”.

“Elaborar y proponer el reglamento de evaluación de autoridades judiciales y fiscales en ejercicio de funciones y el reglamento de la carrera judicial y fiscal, en el plazo de 90 días”.