Lo que presenciamos estos días en el ámbito de la “justicia” sobrepasó todo límite de lo que, en cualquier Estado mínimamente institucionalizado, ya sería execrable en extremo. Escapa a mi capacidad de tolerancia, escuchar al ministro de justicia, a sus viceministros y a quienes hablan a nombre del gobierno sobre la situación de la justicia (así, todo con minúsculas), que, con mirada lastimera, nos dicen que están “haciendo grandes esfuerzos por corregir la justicia podrida que heredaron”, nos piden que dejemos actuar a la justicia, y nos aseguran que “caiga quien caiga, llevarán las investigaciones hasta las últimas consecuencias”.

¡Qué poca honestidad intelectual, cuánta falta de ética, y qué falta de valor para eximirse de la responsabilidad que tienen por haber extremado el abuso a la justicia para aferrarse al poder! A la vez que lamentan la podredumbre de la justicia, ¡cuánto cinismo tienen para “garantizar el debido proceso” en vergonzantes casos de abuso y manipulación, evidentes para quien tiene dos dedos de frente y un ápice de racionalidad!

Quienes tratan de ocultar autoría y corresponsabilidad en lo que hoy es la pestilente justicia (García Linera dixit), saben que es el resultado de repetir —con peores intensiones— los engaños de la primera elección judicial: en nombre del MAS, y con el pretexto de mayor democracia participativa, han encumbrado más corrupción y más deshonor en el Órgano Judicial.

El 11 de septiembre de 2017, Página Siete publicó una nota sobre un estudio mío que “adivinó” los nombres de los postulantes que, la Asamblea Legislativa, seleccionó como candidatos para la elección judicial del 3 de diciembre de ese mismo año. De inmediato, voceros oficialistas de la ALP rechazaron las conclusiones del estudio porque “el análisis mezcla porcentaje con puntaje; la Asamblea nunca usó porcentajes para calificar, sino puntuaciones” (Gabriela Montaño); “es otro intento desesperado de descalificar el trabajo de la Asamblea” (José Alberto Gonzales); “la entrevista son solo 30 puntos, ¿cómo puede afectar?” (Víctor Borda).

Frente a tan pobres argumentos de representantes nacionales que sabían los efectos nefastos de una mala elección judicial sobre la institucionalidad, les recordé que, predecir “por suerte” 93% de los nombres finalmente seleccionados por la ALP, tenía una probabilidad menor a 1 en 10.000 billones, de manera que “usar porcentajes”, “un desesperado intento de descalificar”, o “solo son 30 puntos”, eran argumentos pueriles. La selección de candidatos en la ALP fue estrictamente política; nunca buscaron asegurar que la ciudadanía ejerza su derecho de elegir entre candidatos capaces de construir una mejor institucionalidad. No, solo se guiaron por la antidemocrática angurria de copar el poder.

Pero la ALP no actuó sola; con evidente complicidad del Ceub (Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana), de algunas universidades, y, por supuesto, del inefable Tribunal Supremo Electoral (TSE), anuló los méritos como el criterio de elegibilidad. Por ejemplo, mostré que 20% de los seleccionados como candidatos al Tribunal Constitucional Plurinacional, no tenía suficientes méritos o se aplazó en el examen escrito, pero la entrevista le subió la calificación final, mientras la rebajó a postulantes muy meritorios. Pero, el TSE incumplió su deber porque, por mandato constitucional, tiene la responsabilidad de “garantizar el derecho al ejercicio pleno y transparente de la democracia”, garantía que incluye la idoneidad de los candidatos sobre los que nos piden votar.

La ALP, el TSE, y el CEUB, de forma premeditada, dañaron irreparablemente la institucionalidad y las bases de la democracia. Al final, pese a las severas críticas, argumentando que “se cumplió el reglamento”, proclamaron como ganadores a personas sin capacidad ni idoneidad, que, además, individualmente no recibieron ni el 5% de los votos emitidos.

Este recuento muestra que hay responsables concretos del desastre al que nos llevaron: hoy, la Constitución Política del Estado (CPE) se usa como trapo de piso para limpiar cualquier “le meto nomás”, y han hecho del sistema judicial un mamarracho fuera de toda proporción: descarado en su tarea central de proteger corruptos y amigos, opera como guillotina política, y permite matar cada vez más mujeres y wawas, al liberar a los asesinos si tienen gastritis (o “muñeca” y billetes).

La podredumbre actual no se resolverá con cumbres ni comisiones. Solo nos queda poner un “estate quieto”, un sonoro ¡basta carajo!, al abuso judicial y demandar una agenda, inmediata y específica, para construir el nuevo sistema de justicia. Ideas base existen, por ejemplo, en el grupo de Juan del Granado.

La CPE es un pacto social que define derechos y obligaciones para gobernantes y gobernados: si los primeros recurren al uso discrecional de la ley para su beneficio, abusando del poder que la gente les otorga, la ciudadanía tiene la obligación de hacer respetar la Constitución. Ante la extrema inconducta de los gobernantes, ese deber —y el instinto de sobrevivencia— nos exime de sentirnos obligados a cumplir norma alguna amparada en el mamarracho actual: “cuando los gobernantes pierden la vergüenza, los gobernados les pierden el respeto”.

El autor es un ciudadano indignado