En los últimos días se reavivó el debate de la reforma judicial. La actuación de la justicia en el caso de Richard Choque Flores, acusado de cometer múltiples casos de violación, abuso sexual y asesinatos, ha generado muchas críticas y cuestionamientos en la opinión pública nacional. La corrupción e impunidad minan el sistema. La falta de independencia e institucionalidad del órgano judicial está pasando factura, a un costo muy alto. Existe una gran indignación, que crece en la medida que se conocen las circunstancias y la actuación de los operadores de justicia.
Al inicio de la gestión del presidente Arce uno de los temas que cobró mayor relevancia fue la reforma judicial. Las autoridades de gobierno tomaron la iniciativa de conformar una comisión de asesoramiento para cambiar el sistema de justicia. Han pasado los meses y hasta la fecha los resultados son muy pobres. La justicia sigue dando que hablar, incluso por el propio gobierno que ha trabado un conflicto de poderes, hace algunos meses, a raíz de la designación de vocales departamentales y jueces.
Una de las instituciones que fue objeto de duras críticas por parte del nuevo gobierno, a fines del año pasado, fue el Consejo de la Magistratura. La presión generada por el ejecutivo buscaba promover la renuncia de los encargados de dirigir el régimen disciplinario, aduciendo que eran parte del problema y su cambio necesario para avanzar en las reformas. La presión cedió y no volvió a tocarse el tema durante varios meses. Luego vino la suspensión de dos de sus miembros y el reemplazo por sus suplentes, como solución parcial al problema. Esta entidad volvió a cobrar vigencia porque el juez sindicado de liberar a Choque Flores, tenía vínculos familiares con un consejero.
Las decisiones que se asuman en los próximos meses van a determinar el curso de las reformas o su fracaso. El tiempo se acaba. Los anuncios están perdiendo crédito en la medida que no están acompañado de acciones concretas. A mayor independencia de los órganos del Estado, mayor legitimidad de los gobernantes. Las críticas y la presión generada por la opinión pública, deben servir para que superemos los viejos problemas que arrastramos y lastiman a la sociedad boliviana.
Han pasado más de diez años desde la reforma constitucional y el desarrollo legislativo derivado de ese proceso. Es un momento adecuado para evaluar el desempeño de las instituciones y los resultados alcanzados por el orden impuesto. Es una necesidad revisar los alcances de las reformas y sugerir nuevos cambios que se adecuen al contexto en el que vivimos. Con mucha más razón por encontrarnos en medio de una pandemia, que está cuestionando la eficacia de las políticas públicas en diferentes ámbitos de nuestra vida.
La democracia debe servir para fortalecer las instituciones. La ley tiene que estar por encima de los ciudadanos y los gobernantes. Más allá de las denuncias y los entredichos aquí está en juego la credibilidad de todo el sistema de justicia. El desarrollo de los acontecimientos será determinante para saber la profundidad de los cambios que se pretenden ejecutar y la decisión política para reformar la justicia. Por lo pronto las señales que recibimos son, cuanto menos, confusas y contradictorias. En las actuales circunstancias no es suficiente que todo cambie para que nada cambie. Necesitamos avanzar y transformar nuestras instituciones con hechos, no sólo palabras.