Con el Movimiento Al Socialismo (MAS) en el poder, el servicio público se terminó de convertir en un botín político donde lo único que importa es el partido, incluso por encima del país. No importa si eres un profesional brillante sin militancia, con ganas de aportar al Estado; tus títulos y tus buenas intenciones no valen nada frente al carnet partidario que pueda ostentar el menos capacitado de los aspirantes al mismo cargo.

Una administración pública con los mejores profesionales en puestos técnicos y administrativos fortalecería al Estado y el país avanzaría, pero eso jamás va a ocurrir mientras las cosas continúen como ahora, mientras la militancia tenga más valor que los años de estudio y la capacidad de los funcionarios.

No es de ahora que la administración pública es un botín político, cierto, pero jamás había llegado a estos niveles, en los que haber trabajado en otra gestión, aún sin   tener militancia, es argumento suficiente para perder tu empleo y luego quedar vetado, mientras otros profesionales de menor talla (o no profesionales) ocupan cargos sin otro mérito que no sea su militancia o su relación familiar con alguien del partido azul.

El gobierno de Luis Arce, alentado por estos grupos radicales que piensan que todo comienza y acaba con el partido y que el Estado es una agencia de empleos ganada en un proceso electoral, comenzó un proceso de depuración de los denominados “pititas” de la administración pública, quienes son catalogados como tales por el simple hecho de haber trabajado durante la administración transitoria de Jeanine Añez, incluso habiendo comenzado su labor pública en el gobierno de Evo Morales.

O sea, para la lógica de estos hambrientos de cargos, todos los funcionarios públicos deberían haber renunciado junto con Morales en 2019 para poder volver a trabajar en la gestión de Arce. Semejante irresponsabilidad sólo puede nacer del cerebro de quienes justamente no piensan en el país, sino únicamente en el partido que les da pegas, de quienes son incapaces de encontrar un empleo sin un partido que los respalde.

Y, claro, con esta lógica, abundan funcionarios como el embajador que fue declarado persona no grata en Paraguay luego de haber demostrado que tiene un buen perfil de tiktoker, pero ni una mínima idea de la función diplomática. O casos como el de la hija del jefe del partido que casi sin experiencia comienza su vida profesional como abogada de la Procuraduría General del Estado y con un salario de más de 11.000 bolivianos, mientras otros profesionales con recorrido y varios títulos encima buscan empleo sin éxito.

No está mal que los cargos políticos decisivos (hasta jefaturas, por ejemplo) estén ocupados por personal afín al partido gobernante, pero no es bueno para el país alentar este círculo de depuración de todo el aparato público cada vez que haya un cambio de gobierno.