Ante la imputación por presuntos delitos de instigación pública a delinquir y separatismo, por el paro cívico de noviembre de 2021, los procesados no solo afirman que se trata de una persecución política, sino que increpan al Gobierno nacional y cuestionan a la Fiscalía General del Estado, porque afirman que el caso avanza con una “sospechosa celeridad”.

La Fiscalía formalizó la imputación en contra del gobernador del departamento, Oscar Montes Barzón, el alcalde de Cercado, Johnny Torres Terzo, el presidente del Comité Cívico, Adrián Ávila Reese, y el ejecutivo del Autotransporte, Gabriel Pérez.

El Gobernador negó enfáticamente los cargos y dijo que se trata de una venganza por haber ganado en las urnas, la carrera por la Gobernación, al Movimiento al Socialismo (MAS).

“Es una causa abusiva, grosera. Cuando ha habido una investigación, se supone que hay indicios, pero aquí no hay nada (…) Están tratando de acallarnos y amedrentarnos, pero no lo vamos a permitir. Nuestro único pecado fue ganarle al MAS democráticamente. Tenía razón el fiscal Tito (Wilson) cuando se fue, porque negó a enjuiciarnos injustamente”, expresó.

Al mismo tiempo, cuestionó que no se haya abierto investigación en contra de la militancia del MAS por los conflictos de noviembre ni por las protestas más recientes por parte del Chaco y la Asociación de Municipios de Tarija. “Nada, ni siquiera se abrió una investigación”, acotó.

Por su parte, Torres exhortó al fiscal general del Estado, Juan Lanchipa Ponce, a demostrar que no se trata de una causa política, por el hecho de que haya una imputación más rápida que otras causas.

“No hay que ser ni adivino ni muy vivo para darse cuenta que Bolivia está en los índices más altos de retardación de justicia. Yo les aseguro que este caso es el más rápido de todos los tiempos, le pido al señor Fiscal General que me diga ‘señor Torres ha habido otro caso más rápido (…) A quien ose salir a defender a su pueblo de inmediato le pasa lo que me está pasando”.

En respuesta, el coordinador departamental del MAS con instituciones nacionales, Marcelo Poma, salió a cuestionar las declaraciones de los imputados, aseverando que fueron los encargados de conformar grupos de choque y son responsables de los conflictos que resultaron en varios heridos.

“El brazo operativo del Comité Cívico siempre ha sido la Gobernación, la Alcaldía y la Universidad (…) Cuando Montes dice que ha sido un paro pacífico es mentira, hay que decir la verdad, recordarle a la gente (…) El hecho de que un ciudadano sea elegido no quiere decir que tiene un manto de impunidad, cada ciudadano que insta a delinquir tiene que ser perseguido por la justicia”, recalcó.

La audiencia de medidas cautelares está programada para este viernes 28 de enero, de manera virtual. La Fiscalía pide que se dé restricciones a los imputados, como prohibición de comunicarse entre sí, de asistir a lugares determinados y la presentación periódica ante el Ministerio Público, entre otras.