Sin un poco de pudor, la Fiscalía de La Paz emitió una orden de aprehensión en contra del exalcalde de La Paz  Luis Revilla en el mismo día en el que el acusador de un supuesto sobreprecio en la compra de los buses PumaKatari exigiera que sea detenido por no presentarse a declarar el día señalado.

Vera es un funesto dirigente vecinal del MAS que fue candidato a diputado por ese partido en 2019 y, que pese a haber perdido, ostenta poder e influencias para perseguir a los opositores.

Pero, lo peor de todo es que este dirigente, que durante el gobierno de Evo Morales se la pasó bloqueando la ciudad de La Paz y boicoteando los proyectos de la administración municipal, es el principal acusado de la quema de más de 60 buses PumaKatari tras la renuncia de Evo Morales al poder, un acto criminal que hasta ahora se mantiene en la impunidad.

En cambio, el que avanza a pasos agigantados es el proceso en contra del exalcalde que compró esos y otros buses, con la acusación del mismo Vera de que 61 unidades tienen un sobreprecio de 26 millones de dólares.

Si en Bolivia tuviéramos una justicia proba e independiente y si el acusador fuera creíble, habría que tomarse en serio la denuncia para exigir una investigación, pero con tantas evidencias de manipulación y uso de la Fiscalía y de los jueces en favor del gobierno, queda la sospecha de que Vera acusa a Revilla solo con el objeto de limpiar su propia imagen terriblemente manchada por la quema de los buses PumaKatari.

Revilla concurrió dos veces a la Fiscalía para declarar de forma voluntaria, pero no pudo hacerlo porque el fiscal estaba con baja médica, fue citado de nuevo para esta semana y, según dijo, no pudo concurrir por problemas de salud. Hay que recordar, además, que el exalcalde ahora vive en Santa Cruz y no debe ser cosa fácil tener que trasladarse tres veces a La Paz en menos de una semana.

El gobierno, el MAS y sus fiscales están acostumbrados a acusar a los opositores e incluso a mandarlos a la cárcel sin que ya nadie se indigne por ello.

Revilla asegura que la compra de los buses se produjo mediante licitación internacional, que la cooperación internacional vigiló el proceso y que se adjudicó a la empresa que ofreció la mejor calidad y el precio más bajo. Bastaría con que la Fiscalía corrobore esa información en la documentación oficial para desestimar la denuncia de un ciudadano desacreditado, pero no, prefiere acusar, perseguir y encarcelar para darle gusto al MAS.