La reforma de la Justicia prometida por el gobierno se halla muy lejos de ser un proceso que conduzca a alcanzar la anhelada independencia del Órgano Judicial, de tal manera que sea capaz de garantizar el derecho de cada ciudadano de acudir ante un tribunal independiente que ajuste sus actos a la Constitución, las leyes y tratados internacionales. Al parecer, por mucha presión que se ejerza, el gobierno no está dispuesto a dar ni el más mínimo paso que suponga el debilitamiento del férreo control que ejerce sobre la justicia

De existir interés en avanzar en el fortalecimiento del Sistema de Justicia, evitaría la aprobación de leyes a cual más absurdas, contradictorias y atentatorias a la propia Constitución; evitaría promover a cargos en la judicatura a sus militantes sin méritos académicos ni éticos. Esta descarada intromisión político partidaria hace que el Consejo de la Magistratura cuyas atribuciones son preseleccionar a candidatas/os para la conformación de los tribunales departamentales de justicia para su designación por el Tribunal Supremo; designar, mediante concurso de méritos y exámenes de competencia a los jueces de partido y de instrucción; ejercer control disciplinario sobre magistrados y personal administrativo, evaluar el desempeño de funciones de administradores de justicia y el personal auxiliar, entre otros, use esas atribuciones como mecanismos de intimidación, sometimiento, corrupción y como freno para el desarrollo de las funciones de jueces que desean actuar con eficiencia, idoneidad y honestidad. 

Es tal la arbitrariedad con la que actúa el Consejo de la Magistratura, controlado por militantes masistas, que incumpliendo la Ley,  no se ha dotado de un reglamento transparente y de conocimiento público para la designación y evaluación de desempeño del personal judicial, así como para la fiscalización; todos esos procedimientos se hallan librados al criterio e intereses de cada uno de los consejeros/as y sus operadores. La irracionalidad de sus acciones se refleja, por ejemplo, en la elaboración del POA del Órgano judicial sin intervención de los/as ejecutores y la evaluación de resultados sin tomar en cuenta lo establecido en él. Una evaluación que se limita a criterios cuantitativos de ingresos y sentencias, no así aspectos cualitativos y otras resoluciones, o el trabajo que supone el despacho cotidiano como conciliaciones procesales, transacciones, procesos preliminares, etc. que demandan inversión de tiempo del/la juez. De esta manera, a la pésima formación de muchos jueces y funcionarios, se suman presiones de otros Órganos del Estado y la falta de transparencia de las actuaciones del Consejo de la Magistratura con las que empuja al personal judicial a los límites de la mediocridad. 

DE FRENTE

JULIETA MONTAÑO S.

Abogada, feminista, defensora de DDHH

julietamontañ[email protected]