El gobernador de Tarija, Óscar Montes, afirmó este miércoles que la denuncia que pesa en su contra por los delitos de separatismo e instigación pública a delinquir no es más que una persecución del Movimiento Al Socialismo (MAS), que busca acallar y someterlo.
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Afirmó que el oficialismo se esfuerza en instalar una agenda política, cuando se deberían enfocar en temas de salud y economía.
El gobernador tarijeño Montes, en conferencia de prensa sobre la imputación que pesa en su contra. / Foto: Captura de video.
El gobernador de Tarija, Óscar Montes, afirmó este miércoles que la denuncia que pesa en su contra por los delitos de separatismo e instigación pública a delinquir no es más que una persecución del Movimiento Al Socialismo (MAS), que busca acallar y someterlo.
“Lamento que haya manoseo del Ministerio Público y esperamos que el viernes el juez asignado al caso pueda hacer respetar los derechos que tenemos los bolivianos y que pueda enderezar este proceso, que en todo caso quiere hacernos daño político, nos quieren callar, amedrentar y someternos, eso no lo vamos a permitir. Nuestro único pecado es haber ganado a los candidatos del MAS”, declaró el gobernador tarijeño.
En su criterio, cuando se hace una investigación se supone que tiene que haber indicios de haber cometido el delito o se tiene que tener pruebas de las afirmaciones hechas, algo que no ocurre ni se tiene nada en concreto.
Agregó que que la gente del MAS se esfuerza en instalar una agenda política y judicializada, cuando se tiene temas más importantes como el de salud y el económico.
El lunes se conoció que la Fiscalía imputó al gobernador de Tarija, Óscar Montes, al alcalde de la capital, Johnny Torres, al presidente del Comité Cívico tarijeño, Adrián Ávila, y al ejecutivo del autotransporte Gabriel Pérez, por el delito de instigación pública a delinquir, por la convocatoria al paro contra las leyes de antilegitimación.
La denuncia fue interpuesta por el ejecutivo de la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija, Aldo Velásquez, el 11 de noviembre, tres días después de iniciada la medida de presión contra el gobierno nacional.
