La opositora Comunidad Ciudadana planteó la conformación de una comisión especial mixta en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para la investigación sobre el nivel de “penetración” de las organizaciones criminales del narcotráfico en las estructuras del Estado boliviano.

Lo que verdaderamente preocupa es la penetración del ilícito del narcotráfico en el Estado y los “narcovínculos” a raíz de la última detención del exdirector general de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), Maximiliano Dávila.

El jefe de bancada de CC en Diputados, Carlos Alarcón, dijo que los legisladores preparan un pedido formal dirigido al presidente nato de la ALP, David Choquehuanca, para que promueva la conformación de la comisión mixta.

“Para el caso que se puede denominar narcovínculos para que se sepa el nivel de penetración que han tenido en el Estado estas organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico, y que, claramente han tenido una penetración en las estructuras de la policía”, sostuvo Alarcón.

Argumentó que de alguna manera esas estructuras han sido “apadrinadas” por los gobiernos en los cuales han actuado.

En la última década cinco exjefes policiales estuvieron involucrados en actividades ilícitas. René Sanabria, Oscar Nina y Maximiliano Dávila tuvieron en sus manos la lucha contra el narcotráfico. Los tres fueron detenidos, procesados y encarcelados. El último fue Dávila.

Otro exjefe fue Jorge Medina que ocupó el cargo como director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen en Santa Cruz, fue denunciado por proteger a un narcotraficante como Pedro Montenegro. Y el exmayor Omar Rojas que ya había sido dado de baja fue detenido en Colombia.

El legislador también cuestionó que la fiscalía impute a Dávila por el delito de legitimación de ganancias ilícitas, cuando el exjefe antidroga es requerido –según el informe de la DEA- por la justicia de Estados Unidos por el tráfico de estupefacientes.

“Llama la atención que la DEA satanizada por este gobierno se prestan el informe de la DEA para acusar al Dávila, y resulta que, en lugar de juzgarlo por el delito principal, no lo imputan o lo acusan por el delito del narcotráfico, sino por un delito accesorio”, declaró.

En su criterio, la intención es “desviar la atención hacia un tema de corrupción y tapar el tema del narcotráfico”, sostuvo, al insistir que “el informe de la DEA dice que el juez de Estados Unidos lo requiere a este exjefe porque llevó toneladas de droga a ese país”.

La fiscalía lo imputó por el delito de legitimación de ganancias ilícitas, pero no específicamente por tráfico de drogas. El sábado a las 23.30 fue detenido en Villazón, mientras que el domingo allanaron cuatro viviendas, algunas que estaban a su nombre y otras a nombre de terceros.

Alarcón dijo que no existe ninguna garantía para el país ni para otros países una administración correcta de la justicia cuando se vean afectados delitos transnacionales, porque la justicia está copada y manipulada por el MAS.

Acotó que el proceso penal iniciado contra Dávila puede dificultar una eventual solicitud de extradición del ex jefe policial.