Bolivia no solo permanece en el último tercio —el peor— del Índice de Percepción de la Corrupción, sino que en los últimos 10 años ha bajado su puntaje en cuatro unidades, situándose en 30/100.

Como ya es habitual desde hace más de una década, Transparencia Internacional (TI) ha hecho público ayer su informe anual sobre la percepción que se tiene de la corrupción en el sector público de 180 países del mundo.

El Índice de TI no mide la corrupción, tarea imposible pues, por su ilegalidad, los actos corruptos se esconden y disimulan y es muy difícil saber qué porcentaje de ellos se descubren.

Pero la percepción que se tiene de cuán corrupta es la administración pública de un Estado influye de manera significativa en la confianza que le otorgan los organismos internacionales, los inversores, los países que ejecutan programas de cooperación internacional y, también, quienes invierten en bonos soberanos.

“Desde su creación en 1995, el Índice de Percepción de la Corrupción, (IPC) el principal producto de investigación de Transparencia Internacional, se ha convertido en el principal indicador mundial de la corrupción en el sector público. El índice ofrece una instantánea anual del grado relativo de corrupción clasificando países y territorios de todo el mundo”, explica la introducción del informe publicado ayer.

El índice califica los Estados según la percepción de especialistas y empresarios sobre la corrupción existente en el sector público de su país. Está basado en 13 fuentes de datos independientes y emplea una escala de cero a cien, donde el cero representa un alto nivel de corrupción y, el cien, corrupción prácticamente inexistente.

En los últimos 10 años, Bolivia ha descendido su puntaje de 34, en 2012, a 30, en 2021.

Ese descenso, y esos años, coinciden con los resultados del lanzamiento de bonos soberanos. Los de 2012 tuvieron éxito en su acogida en los mercados internacionales de capitales. Al contrario, los emitidos el año pasado no lograron captar los fondos que el Gobierno esperaba.

Este es solo un ejemplo del impacto que tiene la percepción de la corrupción en un Estado, factor al que se suma la calificación de riesgo, que para Bolivia ha sido revisada a la baja.

La corrupción pública en un país no solo tiene efectos perjudiciales en su economía, sino que deteriora la institucionalidad democrática y el respeto de los derechos ciudadanos.

“El autoritarismo pone la labor anticorrupción a merced de los caprichos de una élite”, afirma la directora de TI. Es una verdad muy evidente estos días en Bolivia.