La Constitución Política del Estado, elaborada por la Asamblea Constituyente, de la cual fuimos parte, fue modificada por el Congreso en más de 150 artículos, sin competencia ni potestad. Fue la primera violación a la Constitución por el gobierno del cocalero Morales, la misma que fue presentada al pueblo soberano que desconocía esa modificación y la aprobó en febrero de 2009, después de 2 años de componendas y negociaciones.

La Constitución aprobada por el soberano, con 64% de apoyo, establecía un límite de 2 mandatos consecutivos (Art. 168), pero violando la Constitución, Morales se presentó en las elecciones de 2014 para un tercer periodo, gracias a los servidores de Morales en el Tribunal Constitucional, quienes alegaron que los mandatos previos a 2009 no cuentan, al haberse “refundado” Bolivia como Estado Plurinacional.

Después de 9 meses desde que asumió el mandato para su “tercer periodo”, sus vasallos de los sindicatos afines a Morales presentaron un proyecto de ley para reformar la Constitución y permitirle postular en las elecciones de 2019. Y sus pongos del Parlamento aprobaron con celeridad el Referéndum para el 21 de febrero de 2016.

El pueblo soberano no quiso que el cocalero Morales se perpetué en el poder, y el 21F de 2016 votó por el NO a la reforma de la Constitución y ganó con el 51,30% de votación. Morales manifestó que si pierde se iría a su chaco con su quinceañera. Las Plataformas conocidas como 21F, personas de la sociedad civil, se organizaron y salieron a las calles antes del Referéndum, hicieron congresos, encuentros, cabildos a nivel nacional y después de ganar en el Referéndum, se reagruparon para exigir respeto a los resultados del 21F, con plantones ante el Tribunal Supremo Electoral.

En septiembre de 2017, parlamentarios oficialistas recurrieron nuevamente al Tribunal Constitucional para pedirle que declare inaplicables varios artículos de la Constitución y de la ley de Régimen Electoral que impedían una nueva candidatura de Morales. Y los servidores del Tribunal Constitucional mediante RC 084/2017 avalaron la reelección indefinida, alegando que es un derecho humano la reelección del presidente, distorsionando el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, suscrita por Bolivia. Felizmente, después de que las Plataformas presentaron firmas para pedir la interpretación al respecto, salió la Resolución sobre que la Reelección NO es un Derecho Humano.

En 2018 el Parlamento trató una nueva ley de organizaciones políticas, introdujo en la normativa electoral boliviana las elecciones primarias, iniciativa presentada por el Órgano Electoral, acusado de estar al servicio del poder. Preveía originalmente que las primarias se pusieran en marcha de forma progresiva, hasta las elecciones de 2024, pero la mayoría oficialista decidió adelantarlas a 2019, nueva maniobra para legitimar la candidatura del cocalero.

Con el  fallo constitucional de 2017, el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia habilitó en diciembre de 2018 la candidatura de Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García para las primarias, terminando de allanar el camino a la nueva postulación de ambos. Las primarias del 27 de enero de 2019 definieron que los nueve partidos concurrirán a elecciones generales del 20 de octubre. Al mismo evento se presentó solamente el binomio de candidatos y Morales llega a las urnas respaldado por el bloque bolivariano ALBA y el Foro de Sao Paulo, cuestionado por el Senado estadounidense y los más de veinte ex jefes de Estado y de Gobierno de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA).

Ahora Morales sugirió la segunda “revolución democrática y cultural”, con debate para la modificación de leyes e incluso la Constitución Política del Estado, alegando que no se puede estar sometido a la Constitución o la ley. Pero nuevamente comete delito al pretender violar la Constitución y desconocer el mandato del soberano.

Como ex Asambleísta Constituyente repudiamos esta intención del cocalero Morales de modificar la Constitución, a la que NUNCA respetó y ahora solo busca acomodarla a sus intereses personales y de los cocaleros del Chapare. Aconsejamos al cocalero acudir a un especialista para recibir atención médica, que se retire y deje que se respete y aplique la Constitución vigente.

Angélica Siles Parrado, Abogada, ex Asambleísta Constituyente.