Si el año político empezó con el Ministerio de Economía metiendo mano en el presupuesto departamental de Tarija para acomodarlo a su gusto y compromiso con sus “aliados” del Chaco, el judicial arranca con la imputación del gobernador de Tarija Óscar Montes, del alcalde de Cercado Johnny Torres y del presidente del Comité Cívico, Adrián Ávila Resse, por “incitación a delinquir” en los días del paro cívico nacional que acabó tumbando la estrategia nacional de Lucha contra las Ganancias Ilícitas.

Es verdad que la imputación estaba anunciada: el fiscal departamental de aquellos días, Wilson Tito, renunció unas semanas después de aquellos hechos denunciando claramente que había sido sometido a presiones para imputar precisamente a los cívicos y a las autoridades por estos asuntos.

Su renuncia levantó polvareda, pero al fiscal general Juan Lanchipa apenas se le levantó una ceja: tildó de exagerado a Tito con ese tono que afea la deslealtad y acto seguido nombró a Sandra Gutiérrez, ex secretaria de Justicia de Lino Condori, ex ministra de Justicia de Evo Morales, una roca sin ningún tipo de dudas.

Dada la historia de la que venimos, la imputación es desproporcionada, en tanto en este país, toda la vida, la justicia social se ha arrancado a punta de bloqueo. Tiene aún más aristas cuando el propio gobierno acabó reconociendo la legitimidad de la protesta anulando el paquete de leyes relacionadas con la lucha contra las ganancias ilícitas y que eran el objeto de la protesta.

Sin embargo, nadie en el gobierno ni en el partido olvidan lo que sucedió la última vez que alguien minimizó el impacto de las protestas opositoras y las dejó crecer alegremente hasta que llegaron a La Paz y el presidente tuvo que dejar su cargo. De alguna forma, la Fiscalía está sentando un precedente para el futuro, y ya se sabe que siempre puede resultar útil llegado el momento.

En el fondo y dada la tradición de este país, la maniobra de imputación parece circunscribirse a la voluntad política y a un afán de represalias que difícilmente funcione. Esencialmente lo que hace, particularmente en Tarija, es que lejos de asustar a nadie, vuelve a dar una evidencia más de la subordinación de la Justicia al Gobierno, y esa es una muy mala señal.

El presidente Luis Arce olvidó casualmente en su alocución del Día del Estado Plurinacional hacer ninguna referencia a la reforma de la Justicia, siendo que esta es una de las pocas que se tienen avanzadas y que tiene un consenso amplio sobre su necesidad, aunque muchas diferencias en la fe puesta de que la intervención salga bien.

Recuperar una Justicia creíble y con legitimidad es una responsabilidad de todos los bolivianos, porque los principios del Estado y del bien común se ven amenazados entre decisiones de parte, sentencias oscuras y procedimientos acompasados a la voluntad política o la capacidad económica de cada cual. Dejarlo todo como está solo contribuye a la desafección institucional y la amenaza, si eso crece, es grande.