El gobernador de Tarija, Óscar Montes, y el alcalde de Cercado, Jhonny Torres, fueron imputados por un proceso relacionado a la convocatoria del paro multisectorial de noviembre de 2021 en rechazo a la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo, ya abrogada.

Por el mismo caso también están acusados el presidente del Comité Cívico, Adrián Ávila; y el ejecutivo del autotransporte, Gabriel Pérez. Los presuntos delitos que pesan en su contra son instigación pública a delinquir y separatismo, según publican medios del departamento ubicado al sur del país.  

El proceso fue abierto a denuncia del ejecutivo de la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija (Fsucct), Aldo Velásquez, en medio de la medida presión que demandaba la abrogación de la polémica ley.

El alcalde tarijeño Jhonny Torres dijo sentirse “sorprendido” por la rapidez del proceso en su contra y negó haber incurrido en los delitos que señala la Fiscalía.

“¿Cuándo yo he instado públicamente a delinquir o cuando he hablado de separatismo?, es una Locura absoluta, pero bien, esta es la persecución que se hace y ni modo. Yo lo sabía y entendemos que los móviles son completamente políticos”, sostuvo.

Según la denuncia del dirigente campesino, las autoridades tarijeñas al sumar el apoyo de sus instituciones a las protestas generaron enfrentamientos que dejaron como resultado personas lesionadas.

El presidente del Comité Cívico tarijeño negó haber incurrido en alguno de los cargos de la imputación y aseguró que “la persecución política ha comenzado ya en Tarija”.

“No puede ser que por representar y defender al pueblo boliviano contra esas leyes que atentaban, primero que eran inconstitucionales, segundo que atentaban contra los derechos y las libertades y la privacidad de todos los bolivianos (nos inicien procesos)”, dijo.

Ambas autoridades anunciaron evaluar jurídicamente la situación aunque confirmaron asistir a las citaciones de la Fiscalía.