El apresamiento, imputación y detención preventiva por seis meses, en el penal de San Pedro de La Paz, del coronel de Policía investigado por la Administración para el Control de Drogas de EEUU (DEA, por sus siglas en inglés) y que fue jefe nacional antinarcotráfico en los últimos nueve meses de gobierno de Morales podría hacer pensar que el sistema de justicia nacional actúa como corresponde, es decir, con independencia e imparcialidad.

Pero parece que no es así. No, porque existen otros dos casos en los que las acciones del Ministerio Público evidencian lo contrario, y porque lo ocurrido con el policía encarcelado ayer en La Paz reviste un carácter excepcional considerando sus antecedentes, las denuncias que pesan sobre él y la benevolencia con la que fue tratado hasta hace pocos días, antes de que se conociera que estaba investigado por la DEA.

En efecto, ayer, la Fiscalía de Tarija —dirigida por una exministra de Justicia del expresidente Morales— imputó al Gobernador de ese departamento, al Alcalde de su ciudad capital, al presidente del comité cívico local y a un ejecutivo del autotransporte, todos ellos opositores al partido de gobierno, por el delito de instigación pública a delinquir, que según denuncia de un dirigente campesino afín al MAS habrían perpetrado al convocar al paro en demanda de la abrogación de las leyes contra la legitimación de ganancias ilícitas, en noviembre del años pasado.

En contrapartida, la Fiscalía se abstiene de intervenir en el caso de la, ahora anulada, compra irregular de 41 ambulancias efectuada por la Gobernación de Potosí, a cuya cabeza está un militante del partido oficialista.

En este último caso, “la Gobernación de Potosí estaba a punto de consumar una millonaria compra con sospechas de corrupción (…); de hecho, la adjudicación ya se había cerrado y sólo faltaba que se entreguen los vehículos, pero una oportuna denuncia periodística que descubrió y publicó al menos cuatro hechos irregulares frenó la operación”, resume el asunto un editorial de El Deber, el diario cruceño que lo reveló.

Respecto del coronel de Policía ahora encarcelado, las acciones para encontrarlo y detenerlo fueron resultado de una publicación de la revista colombiana Semana que reveló la próxima extradición, de Colombia a EEUU, de un expolícia boliviano que, según las pesquisas de la DEA, “no sólo tiene contactos en la agencia antinarcóticos de Bolivia, sino también en las altas esferas del Gobierno de su país”. Las investigaciones de esa agencia estadounidense incluían también a dos exdirectores nacionales de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn).

En ese contexto, es muy difícil pensar en la corrección e independencia del sistema judicial boliviano.