La Fiscalía imputó al gobernador de Tarija, Oscar Montes, al alcalde de la capital, Johnny Torres, al presidente del Comité Cívico tarijeño, Adrián Ávila, y al ejecutivo del autotransporte, Gabriel Pérez, por el delito de instigación pública a delinquir por la convocatoria al paro contra las leyes antilegitimación.
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La denuncia fue interpuesta por el ejecutivo de la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija (FSUCCT), Aldo Velásquez.
El paro cívico de noviembre de 2021 contra la ley antilegitimación. / Foto: El País..
La Fiscalía imputó al gobernador de Tarija, Oscar Montes, al alcalde de la capital, Johnny Torres, al presidente del Comité Cívico tarijeño, Adrián Ávila, y al ejecutivo del autotransporte, Gabriel Pérez, por el delito de instigación pública a delinquir por la convocatoria al paro contra las leyes antilegitimación.
La denuncia fue interpuesta por el ejecutivo de la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija (FSUCCT), Aldo Velásquez, el 11 de noviembre, tres días después de iniciada la medida de presión contra el gobierno nacional, reportó el diario El País.
La norma fue abrogada el 16 de noviembre.
Montes, Torres, Ávila y Pérez son investigados por los presuntos delitos de separatismo e instigación pública a delinquir.
“Adrián Ávila dijo que se tendrá el apoyo de la gobernación, alcaldía, UAJMS y del transporte. Dichas circunstancias sirvieron de base para que la sociedad de Tarija se encuentre enfrentada a raíz de 33 puntos de bloqueo el 8 de noviembre, el 9 con 29 puntos, 11 de noviembre con 11 bloqueos y 4 el 12. Esto no solo trajo agresiones verbales, sino físicas y gasificaciones”, cita el documento que publica el medio tarijeño.
El dirigente campesino argumenta que las autoridades, al sumar el apoyo de sus instituciones a las protestas, generaron enfrentamientos que dejaron como resultado personas lesionadas.
“Se presume que los ahora imputados tenían la intención de dividir la unidad del Estado, colaborando a la incitación a la violencia a que la población se enfrente porque se dijo públicamente por parte de las autoridades en ejercicio de sus cargos”, se expresa en la resolución de imputación emitida por la fiscal de materia anticorrupción Adriana Flores.
Reacciones
El alcalde Torres calificó como una “locura” y un acto de “persecución” la imputación en su contra y de los otros tres investigados.
“Se nos ha imputado por dos cargos (…) ¿Cuándo yo he instado públicamente a delinquir o cuándo he hablado de separatismo?, es una locura absoluta, pero bien, esta es la persecución que se hace y ni modo, yo lo sabía y entendemos que los móviles son completamente políticos”, mencionó el burgomaestre.
Asimismo, el presidente del Comité Cívico de Tarija informó que la Fiscalía estaría pidiendo medidas cautelares los procesados y consideró que está claro que la “persecución política ha comenzado en Tarija".
“Lamentamos mucho, nos vamos a reunir con asesores legales pero esta claro que la persecución política ha comenzado en Tarija (…). Lamentamos mucho que (pase esto) por representar y defender al pueblo boliviano contra esas leyes que eran inconstitucionales y atentaban contra los derechos, las libertades, la privacidad de todos los bolivianos”, dijo Ávila.
El cívico lamentó que fiscal Gutiérrez se “preste” a los intereses del Gobierno y subrayó que el fiscal anterior Wilson Tito renunció al cargo tras denunciar “presiones políticas”.
Por su parte, el dirigente del transporte manifestó su preocupación y remarcó que las medidas fueron asumidas como una demanda del departamento tarijeño que pidió la derogación de la ley 1386.
“El viernes llegó una citación para que nos presentemos el 28 a declarar. Estamos muy preocupados como sector transporte pues las medidas que tomamos para derogar la 1386 fue a pedido de todo el departamento y de todo el país y vemos que la sacaron, dando la razón”, indicó Pérez.
