Cuando el pasado 10 de enero pregunté públicamente al presidente Arce si creía de verdad en la reforma judicial (CORREO DEL SUR 10/1/2022), estaba planteando no solo una apreciación crítica al discurso presidencial en la inauguración del año judicial, sino una interrogante a la visión gubernamental del MAS, respecto de esta temática central en el país, que debería ser uno de los ejes programáticos de corto y mediano plazo del Gobierno. Y no parece serlo.

El MAS se ha enfrascado en las últimas semanas en la exigencia de cambio de ministros, en una disputa fraccional sin contenidos, porque las distintas fracciones no proponen modificación alguna de las políticas gubernamentales. En el caso del Ministerio de Justicia, las razones para la remoción de Lima no están vinculadas, precisamente, a la reforma judicial. Parece que el masismo esperaba más y mejores resultados de la persecución judicial impulsada por Lima, que de las reformas judiciales que planteó su despacho. El propio Lima se defendió de las críticas de sus correligionarios diciéndoles “no soy Arturo Murillo para meter presos a todos”, con lo que quedaba claro que ni militantes, ni dirigentes del MAS, tienen sus preocupaciones centradas en la crisis judicial que ya tiene características de tragedia nacional.

Y no parecen ser solamente problemas de la corta visión partidaria o de las limitaciones del ministro de Justicia, sino de la propia concepción gubernamental que alienta el Presidente. Si Iván Lima fuera removido, no sería tanto por no haber satisfecho las expectativas vengativas del MAS, sino por haber perdido el norte de una reforma, que parecía tenerlo claro en sus primeros momentos, cuando planteó una reforma constitucional y posesionó a un equipo asesor cualificado. Hasta hoy el ministro de Justicia no ha explicado la razón del abandono abrupto de su inicial propuesta y la deriva posterior, estancada en la epidermis del problema.

Sin embargo, el presidente Arce, en la inauguración del año judicial dijo, en una supuesta “radiografía objetiva”, que “los males principales de la justicia son la corrupción, la retardación y la enorme carga procesal”, destacando a renglón seguido que la causa estructural sería nada menos que la aplicación de la “ley del valor de cambio”, que habría convertido a la justicia en mercancía “durante dos décadas del modelo neoliberal”. Semejante visión “estructural” de la crisis judicial, en el mismo discurso presidencial, dio un “panzazo” cuando, entre las soluciones, aterrizó en los “seis ejes” del ministro Lima y en una nueva “cumbre” para marzo, donde supuestamente la reforma judicial sería concretada.

Obviamente las carencias centenarias en nuestra administración de justicia están ausentes en la visión gubernamental, y el ministro Lima no ha sido capaz de asumirlas como sus principales desafíos: No hay independencia judicial, ni separación de poderes y el Órgano Ejecutivo ejerce control absoluto sobre la cúpula judicial.

Los jueces supremos, en su gran mayoría, han sido seleccionados por su afinidad partidaria gubernamental y no por su idoneidad personal ni por su formación profesional. Y esos jueces supremos, junto a los consejeros de la magistratura han reproducido las afinidades partidarias, desechando la idoneidad y los méritos, en el resto del cuerpo judicial.

Las carencias de independencia y de idoneidad se agravan con la de recursos, con el mísero presupuesto que anualmente asigna el Gobierno a la “justicia”, con ese 0,5% que apenas alcanza para sueldos y salarios de un personal judicial que ni siquiera atiende al 50% del territorio nacional. Y digo “obviamente”, porque estás carencias centenarias se han agravado en estos 16 años de autoritarismo gubernamental, que es la línea política que, lamentablemente, decidió continuar el presidente Arce.

Ni el cambio ni la ratificación del gabinete tienen mayor incidencia en la profunda crisis judicial, porque no se trata de un asunto un problema de ministros, sino de concepción de un Gobierno que no atina a renovar y relanzar un proyecto político agotado. El presidente Arce es solo la continuidad de ese agotamiento autoritario, donde la “justicia” es un mecanismo de dominación, de persecución de los opositores y de impunidad de los gobernantes, donde se requieren jueces y fiscales mediocres y obedientes, al tiempo que se plantean “reformas” con “cumbres” sazonadas y “ejes” administrativos que no tocan el fondo de nuestra tragedia judicial. Solo queda encarar la reforma verdadera desde la iniciativa ciudadana.