La mayoría del Movimiento al Socialismo en la Asamblea Legislativa Departamental de Potosí conformó una comisión especial para investigar el caso ambulancias "fantasmas" solo con masistas, denunció la asambleísta Azucena Fuertes, quien advierte una intención de encubrimiento de un hecho de corrupción.

Fuertes lamentó que el oficialismo haya optado por excluir a la oposición de ser parte de dicha comisión especial para indagar de manera imparcial y transparente las presuntas irregularidades en el proceso de licitación y adquisición de 41 ambulancias por parte de la Gobernación de Potosí que está a la cabeza de Jhonny Mamani de MAS.

"Se ha conformado una comisión solo con masistas. Somos 32 asambleístas, 24 son del MAS. Tenemos seis comisiones y en cada comisión solo hay una asambleísta de oposición, se decidió elegir en cada comisión a un asambleísta por mayoría de votos el MAS eligió a un asambleísta para ser parte de la comisión", detalló Fuertes en declaraciones a la ANF.

Acotó que el objetivo de conformar una comisión solo de asambleístas del MAS "es el encubrimiento, apañamiento de los hechos de corrupción. Nada raro que encontremos como asesores técnicos a exautoridades vinculadas a hechos de corrupción", dijo.

El gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, defendió el lunes el proceso de licitación y compra de 41 ambulancias, es más mediante un comunicado dijo que estaba en proceso de implementación, pero ante las evidentes inconsistencias resolvió anular el proceso.

La administración departamental adquirió los vehículos en el marco de la lucha contra la pandemia Covid-19, se supone que las ambulancias estaban destinadas para cada uno de los municipios, sin embargo, pese a la recepción de los bienes estos nunca llegaron a Potosí, dice la investigación de El Deber.

Otra de las observaciones del proceso, es que la empresa que se adjudicó se creó pocos meses antes de lanzarse la licitación con un capital de Bs 100.000, pero ganó el contrato de Bs 22,5 millones.

La asambleísta detalló que hasta la fecha son tres denuncias que se se presentaron en la fiscalía en contra de la Gobernación potosina. Una de ellas la planteó el Comité Cívico Potosinista; otra, una asambleísta de oposición, y la última, el propietario del NIT que se usó en el proceso de adquisición.