El Pacto de Unidad plantea el cambio de cinco ministros, por su poca ejecución presupuestaria y la falta de coordinación con organizaciones sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS). Los nombres fueron lanzados en la reunión del miércoles, entre dirigentes y el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca.

Los mencionados son: Eduardo del Castillo (Gobierno), Iván Lima (Justicia), Edgar Montaño (Obras Públicas), Ramiro Villavicencio (Minería) y Franklin Molina (Hidrocarburos). La información fue proporcionada por Omar Ramírez, integrante de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).

“Los ministerios de Gobierno y Justicia están muy observados por no llevar ante la justicia a la gente de Jeanine Áñez, es más, algunos ministros se han dedicado a confrontar a nuestras organizaciones sociales, a buscar divergencias, incertidumbres, para tratar de confrontar, eso hemos hecho conocer, estas quejas contra el ministro de Gobierno, que está lleno de gente de Jeanine Áñez, eso es inconcebible, incluso se da a la tarea de hacer seguimiento a los dirigentes del Pacto de Unidad, por qué no persigue a la gente que ha hecho tanto daño al país”, dijo el dirigente.

Detalló que la reunión con los mandatarios fue “amena”, destacando que el Gobierno nacional logró una ejecución presupuestaria del 73.3 por ciento, por lo que la gestión de Arce es considerada “muy convincente de cara al pueblo boliviano”.

“Se ha manifestado preocupación por la falta de coordinación de algunos ministros, porque gracias a la falta de coordinación se ha tenido que dar marcha atrás en algunas políticas, como este último, el carnet de vacunación, fueron cuestionamientos hacia el Gabinete por las deficiencias de algunos ministros, el presidente nos dijo que no es posible hacer un cambio total de ministros, pero que no estaba diciendo que no habría cambios”, recalcó.

Ramírez detalló que las carteras de Estado con peor ejecución presupuestaria son Minería (28 por ciento), Hidrocarburos (49 por ciento) y Obras Públicas (44 por ciento). Lo que más se cuestiona de Justicia y Gobierno son la demora en sanciones para quienes participaron de los hechos de 2019 y 2020.

“Nosotros hemos cumplido con nuestro rol, explicando las demandas de nuestros afiliados, trasmitiendo estas disconformidades, molestias, nosotros vamos a esperar hasta el 22 de enero y el presidente definirá, si mantiene o hace cambios”, insistió el representante en entrevista con Unitel.