En 2008 el afamado politólogo estadounidense Joel S. Migdal soltó una afirmación con tintes de profecía: “a medida que transcurre el Siglo XXI, el Estado seguirá en el centro de la escena pero serán cada vez más las dificultades del Estado para lograr conformidad y obediencia”.

La paradoja era que ese Estado tan requerido buscaba dominar a una sociedad con fuertes tendencias a desconocer su autoridad y, en algunos casos, la legitimidad de sus gobiernos. A finales de 2019 se presentaron “estallidos sociales” en Chile, Ecuador y Bolivia que derivaron en crisis políticas. En Chile, el gobierno presidido por Sebastián Piñera no tuvo otra opción que dejar sin efecto la alza en el precio del pasaje del Metro de Santiago así como, en el caso de Ecuador, el presidente Lenin Moreno, tuvo que abandonar su pretensión de eliminar el subsidio a la gasolina. Por su parte, en Bolivia, las masivas protestas urbanas causadas por la insistencia del presidente Morales de permanecer en el poder, terminaron con su renuncia y posterior salida a México.

Empero, algo distingue al caso boliviano: el MAS, pese a la crisis de 2019 y a la renuncia de Morales, pudo recomponer sus estructuras partidarias, organizar sus bases y lograr un contundente triunfo en las presidenciales de 2020 con mayoría absoluta. Esto es algo que no pasó en Chile ni en Ecuador, donde ni Piñera ni Moreno pudieron reproducir su estancia en el poder. 

El retroceso como lógica

Con estos antecedentes ¿Se puede hablar de debilidad gubernamental en un gobierno como el de Luis Arce que obtuvo el 55% de los votos más 76 bancas en el parlamento de 130 posibles? ¿Más aún, cuando los partidos de oposición son (casi) una caricatura de partido político? Ciertamente no, el contundente triunfo electoral ha dotado al gobierno del MAS de una indiscutible legitimidad de origen que, en teoría, debería llevarlo a desplegar sus políticas sin mayores turbulencias.

Sin embargo no es así.  En lo que va del período, el gobierno ha tenido que retroceder en varias políticas, la más notable la abrogación de la Ley 1386 contra las ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo, una ley que, además, ya había pasado todos los filtros del Poder Legislativo. Lo sorprendente es que la oposición a esta norma provino de sectores aliados al gobierno como los transportistas, gremiales y cooperativistas mineros quienes, más allá de los discursos anti-MAS de sus coyunturales compañeros de lucha como los cívicos de Santa Cruz y Potosí, estaban ciertamente asustados ante una Ley que podía investigar las fuentes de sus fortunas.

El segundo gran retroceso fue la postergación del requisito de portar el carnet de vacunación contra el Covid-19 para realizar trámites en entidades públicas y privadas.  El 1 de enero de 2022 Luis Arce puso en marcha esta política para pararla en seco seis días después. El gobierno ha justificado el congelamiento aludiendo a las largas filas en los puestos de vacunación, empero esa no es la verdad, o no toda la verdad. Lo que ocurre es que (otra vez) movimientos sociales aliados al MAS anunciaron medidas pidiendo la anulación del decreto como la Federación Departamental de Maestros de Educación Rural de La Paz, los cocaleros de Yungas, las juventudes del MAS, la Federación de campesinos Tupac Katari, la Federación de Mujeres Campesinas bartolinas, los Interculturales, la Confederación de Markas y Ayllus, el Comité Cívico de El Alto y el Consejo de Federaciones Campesinas de Los Yungas, junto a varias otras organizaciones más pequeñas pero no menos combativas, como los Ponchos Rojos. Todos ellos  hoy no están en el poder pero, desde fuera, bloquean la política de Arce. 

En un artículo anterior postulé que esto podía deberse al estilo de gobierno de Arce que, a diferencia del de su predecesor, prefiere retroceder a confrontar. Empero, si bien el liderazgo es importante, más aún en un régimen presidencialista como el boliviano, la repetición de estos retrocesos de Arce invitan a plantear algunas explicaciones que apunten a aspectos más estructurales, propios de la configuración del Estado plurinacional boliviano.

El problema radica en que el gobierno del MAS llegó al poder aupado por una serie de organizaciones populares (sindicatos campesinos, movimientos indígenas, agrupaciones urbanas) que nunca fueron del todo institucionalizados por el Estado, es decir que no fueron absorbidos por el MAS. Para los actores sindicales resultó más beneficioso mantener la independencia de sus organizaciones sin dejar de estar presentes en el aparato estatal, lo que los lleva a actuar, a la hora de preservar sus intereses, tanto desde dentro como desde fuera del gobierno.

El ejemplo más claro es la Federación de mineros cooperativistas, cuyos dirigentes han llegado a la cabeza del Ministerio de Minería, pero que cuando vieron que las políticas gubernamentales no coincidían con sus intereses empresariales no dudaron en salir a las calles para enfrentar a su gobierno.

Por tanto, si bien Luis Arce puede establecer su agenda con cierta autonomía, a la larga quienes moldean las políticas, quienes definen si la ley o política pública entra en vigencia o no, son los movimientos sociales o una parte de ellos. El ya mencionado Migdal señalaba que el Estado entablaba verdaderas “batallas campales” con otros actores con poder que se oponían o que resistían sus determinaciones, pero Migdal afirmaba esto suponiendo que ellos estaban, de una manera u otra, fuera del gobierno, no dentro. La particularidad del gobierno del MAS es que sus socios, cuando les conviene actúan como aliados y cuando no, como sindicatos independientes.

Si bien esto  no es ninguna novedad (de hecho fue el rasgo constitutivo del gobierno de MAS), el amplio dominio y liderazgo de Morales sobre los movimientos sociales atenuaba en algo este problema. En cambio ahora, el presidente Arce carece en absoluto de alguna llegada sobre estos actores, lo que lleva a configurar un gobierno con una autonomía muy relativa para establecer su propia agenda de prioridades y una marcada debilidad para llevar a cabo sus política pública.

El daño a la democracia

Dicho esto, es posible que esta rutina de avanzar para luego retroceder, esta lógica de contentar a los aliados para llevar a cabo las políticas sea la tónica en el gobierno de Arce. Michael Mann (el sociólogo no el cineasta) estableció que los Estados evolucionaban en tanto lograban un poder infraestructural en la que el Estado penetraba y dominaba la sociedad. En Bolivia se da un proceso inverso: es la sociedad la que penetra el Estado, son sus organizaciones las que terminan configurando las políticas del MAS.

Este fenómeno es altamente negativo para la sociedad. Un Estado que no puede imponerse sobre los intereses particulares de los actores con poder es un Estado que no construye ciudadanía y a la postre, tampoco democracia. 

Franz Flores Castro / Politólogo Latinoamérica21