“Es muy triste que la Corte de García-Sayán haya tirado por la borda la jurisprudencia construida con el sacrificio de muchos que se han arriesgado para limitar los abusos de las autoridades y de quienes manejan asuntos de interés público (…). La Corte ha privado a la región de una herramienta clave para luchar contra el abuso de poder y la corrupción, una batalla que seguimos perdiendo”. 

Estas contundentes declaraciones pertenecen al director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, emitidas a raíz de una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que debilitó la defensa de la libertad de expresión en el continente, cuando ese tribunal era presidido por Diego García-Sayán. 

Se trata de una pequeña muestra de las controversias que rodean al ahora relator de justicia de Naciones Unidas, cuya visita a Bolivia en el mes de febrero ha sido anunciada con bombos y platillos por el gobierno del MAS.

En parte, la gestión para esa visita puede haber sido una jugada personal del ministro de Justicia, Iván Lima, para asegurarse la subsistencia en el gabinete en momentos en que se plantean ajustes importantes. Además, la presencia de García-Sayán podría ayudar a “olear y sacramentar” sus proyectos más bien cosméticos de reforma judicial.    

Pero más allá de esto es evidente que desde esferas gubernamentales se tratará de funcionalizar al visitante, para que apuntale algunos de los pilares de la narrativa oficial. Sobre todo, teniendo en cuenta los precedentes de algunas críticas vertidas por el funcionario internacional contra Jeanine Áñez, incluyendo el haber jurado a la presidencia sobre la Biblia (como lo hacían todos los mandatarios anteriores a Evo Morales, sin que se los pueda acusar de fundamentalismo). 

Días atrás, la portavoz de asuntos exteriores del PP en el Congreso de Diputados de España, Valentina Martínez, remarcó la preocupación de su grupo por la detención indebida de Áñez y advirtió que “la izquierda radical juega con todos los instrumentos, con los legales y los no legales”.  

Esperemos que García-Sayán no se vuelva un dócil instrumento para avalar ilegalidades de un populismo autoritario. En todo caso, la sociedad civil boliviana tendrá el desafío de lograr que “el relator escuche el otro relato”, poniendo énfasis en el abuso de la prisión preventiva, mecanismo excepcional que se ha convertido en la regla, más aún cuando se trata de procesos con influencia política.

También será clave que se hagan oír los juristas independientes que tienen sus propias propuestas de reforma de la justicia al margen de las oficiales y que apuntan a desmontar la subordinación del sistema judicial a las instrucciones emanadas del Órgano Ejecutivo.