El año 2021 transcurrió sin ningún avance en la anunciada reforma de la justicia; por el contrario, su administración, que es política, parcializada y dependiente del poder político, se agravó aún más, al punto que ahora mismo la primera expresión que viene a la mente cuando se menciona “justicia boliviana” es “persecución política”.

En marzo de 2022 se prevé que se producirá una cumbre por la reforma de la justicia, pero hasta ahora no se conoce cuál será la agenda ni quiénes serán convocados a ella.

Lo más probable, siguiendo el antecedente de una anterior “cumbre” en la que solo participaron movimientos sociales afines al MAS, es que nuevamente sea un monólogo del Ejecutivo seguido por un coro de sectores aliados, que lo que intentarán es ajustar todavía más el sistema para procesar judicialmente a quienes no piensan igual.

La demanda popular por cambiar la justicia que, para los opositores y ciudadanos que no comulgan con la ideología y las acciones política del MAS, es sinónimo de persecución política y, para los ciudadanos comunes, es sinónimo de corrupción, injusticia, lentitud y burocracia no parece que vaya a tener el eco esperado en un gobierno al que aparentemente no le interesa cambiar el estado de las cosas.

Una justicia sin independencia ni imparcialidad es funcional a los propósitos que tiene este Gobierno de anular toda opinión contraria que no se enmarque en el planteamiento político del Ejecutivo, apuntaba en EL DEBER Radio el exmagistrado del Tribunal Constitucional José Antonio Rivera.

Hay que recordar una vez más que, al inicio de su gestión, el ministro de Justicia, Iván Lima, planteó la reforma judicial y organizó un consejo consultivo, pero pocos días después el Gobierno lo desautorizó, el consejo se disolvió y el ministro pasó de impulsor de la reforma a principal verdugo que emprendió una cacería judicial de opositores con ayuda de las instituciones de la justicia y el Ministerio Público.

Como alternativa a ese primer fracaso, Lima planteó una agenda de seis puntos para hacer la reforma judicial, que no fue socializada con los actores que correspondía, sino otra vez con los movimientos afines al MAS, la misma que no resuelve los problemas de fondo. Esos ejes temáticos son como intentar curar el cáncer con una aspirina, ilustra Rivera.

En su informe mundial de 2021, la respetable organización internacional Human Rights Watch (HRW), que vigila el cumplimiento o violación de los derechos humanos en los países, dijo que en Bolivia la justicia “sufre efectos de la interferencia política desde hace años”

César Muñoz, investigador de HRW en América Latina, hizo mención, en entrevista con EL DEBER, que, por ejemplo, la definición de “terrorismo” en el derecho penal boliviano es excesivamente amplia y contraviene estándares internacionales, lo que permite utilizar la figura para castigar como delitos acciones que están protegidas por la libertad de expresión y de asociación.

A la vez, esa concepción de “terrorismo” le permite al Gobierno también castigar desproporcionadamente acciones que distan mucho de lo que se considera un acto terrorista según los estándares internacionales, apuntaba el especialista.

En esas condiciones surge la pregunta: ¿Tiene realmente el Gobierno de Luis Arce interés en reformar una justicia que, así como está, le resulta muy favorable? O, como suele ocurrir en el país, ¿se utilizará ese clamor por cambiar la justicia para ponerla aún más a su servicio y convertirla en el aliado perfecto de su proyecto partidario?