Una de las pruebas más palpables de lo que estamos diciendo es el caso Quiborax, en el que se juntan las malas artes que aplica el Gobierno, la desesperación por mantener a Evo Morales como única alternativa electoral de 2019 y al mismo tiempo, el conflicto de tener que enfrentar la desconfianza ciudadana que se transforma en gestos de desaprobación que se observan con nitidez cada vez que se difunden encuestas de popularidad.

Precisamente estos sondeos muestran el crecimiento de algunas figuras de la oposición, casi todas sometidas a un acoso judicial sin precedentes, a una hostilidad procesal con el objetivo de sacar del camino a todos los oponentes que amenacen con la hegemonía gravemente deteriorada del oficialismo. Tal vez la meta fijada es llegar al extremo venezolano, donde la oposición ha tenido que retirarse de la contienda electoral por la ausencia de garantías de transparencia y Nicolás Maduro jugó prácticamente en solitario en unos comicios que no han sido reconocidos por la comunidad internacional. También está el ejemplo de Nicaragua, donde el régimen de Daniel Ortega inhabilitó a sus oponentes, los encarceló y los dejó al margen, para apropiarse del pleno del poder que hoy se mantiene a balazos.

Volviendo al caso Quiborax, se trata de otro ejemplo de la mayúscula manipulación de las leyes y procedimientos jurídicos, con tal de usar a la justicia como herramienta de persecución y de hostigamiento de los opositores. El expresidente Rodríguez Veltzé, una autoridad en materia jurídica y que ocupa un alto puesto, justamente por sus conocimientos de las leyes, ha dicho que no existe materia para procesar a Carlos Mesa, porque en su gestión se sanearon todos los procedimientos y se restableció el principio de legalidad en la recuperación de las concesiones mineras en el Salar de Uyuni. En otras palabras, si hubo favorecimiento a la parte chilena, si se produjeron millonarias pérdidas, si hubo negligencia y si hay dudas sobre la transparencia, todo ha ocurrido con posterioridad a enero de 2006 y la responsabilidad corresponde a las actuales autoridades. 

Pero qué puede importar la ley, las razones o el sentido común. La Fiscalía no admite ningún tipo de consideración inscrita en el derecho y únicamente actúa en función de las directrices políticas, tal como lo hace la Asamblea Legislativa, que se ha mostrado dispuesta a terminar con una condena. En estas condiciones, nada bueno se puede esperar tanto para la dirigencia como para la población que cada día seguirá siendo el peso de vivir en un régimen al margen de la Constitución.

La Fiscalía no admite ningún tipo de consideración inscrita en el derecho y únicamente actúa en función de las directrices políticas, tal como lo hace la Asamblea Legislativa, que se ha mostrado dispuesta a terminar con una condena en el caso Quiborax. En estas condiciones, nada bueno se puede esperar tanto para la dirigencia como para la población que cada día seguirá siendo el peso de vivir en un régimen al margen de la Constitución.