Atrás, muy atrás, quedaron las percepciones del poder que, el año 2006, tenían muchos dirigentes y militantes del MAS, y las esperanzas que un 54 por ciento de la ciudadanía tuvo ante el arribo al poder de un partido, un líder y una nueva propuesta alternativa al discurso del sistema político partidario que se estructuró a partir de 1982.

Entonces, el retorno de los militares a sus cuarteles abrió un ciclo marcado por un compromiso vital con el sistema democrático y la necesidad de preservarlo y consolidarlo como un instrumento para la construcción de una sociedad más justa, inclusiva, solidaria y pacífica.

Tan importante fue ese compromiso que en ninguna de las crisis que el país vivió entre 1982 y 2005 hubo posibilidad de una fractura del sistema democrático, así sea que, particularmente en 1984 y 2003, se tuvo que buscar mecanismos muy particulares para mantenerlo: adelanto de elecciones en 1985 por la decisión del Presidente Hernán Siles Zuazo de resignar un año de su mandato constitucional; aceptación de Hugo Banzer que habiendo ocupado el primer lugar en las elecciones de 1985, sea elegido Presidente en el Congreso Víctor Paz Estenssoro, que salió segundo, y en las de 1989 a quien ocupó el tercero, Jaime Paz Zamora; el cambio radical del sistema económico en 1985; las movilizaciones sociales que provocaron el derrocamiento de Gonzalo Sánchez de Lozada en 2003; la renuncia de Carlos Mesa en 2005; la elección por sucesión de Eduardo Rodríguez Veltzé ese año, y la realización de elecciones generales, cuando constitucionalmente sólo se debería convocar para elegir a los primeros mandatarios.

Sin desconocer esa trayectoria, el sistema político-partidario entonces vigente se desestructuró internamente y sus dirigentes, pese a que su crisis era objeto de permanente análisis y denuncia, fueron incapaces de comprender que la ciudadanía quería otra cosa, que habían surgido nuevas demandas y visiones de país. Así, concentrados en el gozo de poder, buscaron la forma de mantenerse en él con pactos contra natura y la gobernanza fue copada por la corrupción.

En 2006 y bajo el paraguas del sistema democrático, se abrió un nuevo ciclo en el que la esperanza en que éste sería consolidado con la inclusión en la vida nacional de nuevos sectores con iguales derechos y obligaciones como ofrecieron los ganadores y esperaban sus seguidores y simpatizantes, erradicando los vicios del sistema político-partidario derrotado.

Poco duró la esperanza. El proyecto del MAS dio muestras –y muchos no quisieron creer—de su profundo autoritarismo y decisión de eliminar la institucionalidad creada. A 16 años de ese hito, el MAS se deteriora al influjo de mantenerse a como dé lugar en el poder sin importar el costo, tomando como botín las arcas estatales, pero, a diferencia de 2005, con dos aditamentos peligrosos: un culto al caudillo que privilegia su interés por encima de cualquier otro objetivo y poner la precaria institucionalidad estatal al servicio del núcleo conductor, funcionando como órgano represivo en contra de todo intento de disenso.

En ese escenario cobra fuerza la necesidad de demandar desde la sociedad el restablecimiento de mínimas normas de convivencia pacífica y abrir espacios de diálogo entre diferentes buscando objetivos comunes, especialmente en los campos de la salud, la economía, la justicia y la política, en los que el gobierno se ha aplazado rotundamente.

No se trata de pedir una concesión graciosa a los gobernantes, sino de mostrar que sin ese encuentro nuestro destino es el desastre del que, si bien nos recuperaremos, como lo hemos hecho en varias oportunidades de nuestra historia, el costo afectará, fundamental, pero no únicamente, a los más abandonados de la sociedad.

Si el gobierno optara por abrir ese camino debe dar señales como suspender la represión que ha desatado; ceñir su actuación en los marcos de la Constitución y las leyes; coordinar con las gobernaciones y alcaldías (no sólo en las que ha ganado el MAS) la ejecución de políticas dirigidas a combatir la pandemia y la crisis económica. Y, aprovechando la llegada de una misión de Naciones Unidas, poner a la ex presidenta Jeanine Áñez en libertad y procesarla, si hay causales, conforme a ley.

Esta actuación, sin duda, sería el mejor antídoto en contra del veneno del poder…

Juan Cristóbal Soruco es periodista