El jurista peruano Diego García-Sayán estará en Bolivia entre el 15 hasta el 22 de febrero. Es el relator especial de las Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados que fue invitado por el Gobierno, precisamente, para conversar sobre la independencia de la justicia en el país.

El alto funcionario, que desde hace varios años hace un seguimiento al desempeño de la justicia del país, cuestionó las acciones del presidente Luis Arce respecto a la designación de autoridades en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), pero también rechazó la detención de militantes del MAS en el gobierno de Jeanine Áñez.

“Me preocupa el uso de las instituciones judiciales y fiscales con fines de persecución política. Crece el número de detenciones ilegales. Hoy, fue el turno del exministro Gustavo Torrico. Llamo al respeto a la independencia de las instituciones y al debido proceso”, señaló el jurista el 6 de febrero de 2020 desde Ginebra.

Ante esa declaración, la Cancillería de entonces pidió su renuncia al cargo. “García-Sayán debe renunciar a su cargo de Relator por dignidad, pues acaba de destruir el poco prestigio que le quedaba al permitir que la ideología prevalezca sobre la decencia, la democracia y la libertad”, se lee en un comunicado divulgado durante la administración de la exmandataria.

Pese a ese antecedente, Carolina Ribera, la hija de Jeanine Áñez, espera que el jurista peruano vea las condiciones de reclusión de su madre. Informó que se hizo una solicitud de audiencia. “Será el único modo de hacer ver las injusticias, porque se agotaron todas las instancias legales”, afirmó.

La expresidenta está encarcelada desde marzo de 2021 tras ser acusada de los delitos de terrorismo, pero, luego se activó otro proceso por incumplimiento de deberes que pudo cometer cuando asumió la primera magistratura del país sin haber cumplido con las condiciones legales para hacerlo, y es por este caso que irá a un juicio oral la próxima semana.

A mediados del año pasado, García-Sayán también expresó su preocupación por la decisión de Arce de cambiar a los vocales electorales, designados, precisamente, por su antecesora.

“Son preocupantes los actos que vienen afectando la integridad de los tribunales electorales en Bolivia. Esto es grave para el Estado de Derecho. Sigo con atención acciones que podrían socavar la esencial independencia de estos órganos judiciales”, afirmó García-Sayán. Luego, el relator de la ONU prosiguió: “La remoción abrupta de vocales electorales afectan garantías jurídicas y democráticas. Sus integrantes fueron designados a partir de un mandato para renovar las autoridades electorales que había sido establecido por unanimidad en la Asamblea Legislativa el 2020”.

Al aceptar la invitación del Gobierno, García-Sayán informó que prepara con detalle la lista de reuniones que desarrollará durante los siete días que esté en el país.

“No somos un gobierno que se cierre a la observación internacional y estamos abiertos a que el relator pueda venir al país y darnos todas las sugerencias. Seguramente habrá comentarios negativos”, apostilló el ministro de Justicia, Iván Lima.