A 41 años de la masacre en la calle Harrington, la construcción y defensa de nuestra joven democracia -existen democracias largas de más de 200 años- sigue siendo un desafío constante.

Son años que no han pasado sin resquebrajamientos y gobiernos autoritarios que lejos de fortalecer la institucionalidad la han debilitado, en los que hemos visto la crisis de la representatividad de los partidos políticos y llegamos a tener hasta cuatro presidentes en menos de tres años.

Pero también han sido años en los que la solución a los momentos de mayor crisis, no vino de la mano de las instituciones que fueron parte del problema, corroídas desde adentro por su servilismo al poder de turno, la salida por la vía democrática, la ha dado la población a través de su voto, esto fue así el 2005, el 2016 y 2020.

Mientras desde el poder legislativo y el judicial se maniobraba para viabilizar la ilegítima reelección de Evo, la población en el referéndum del 21 de F le dijo que no. Ese resultado fue el germen de ilegitimidad que arrastró su candidatura, a lo que se sumó la burda manipulación del Órgano Electoral Plurinacional, para terminar de sellar su destino.

En suma, no tenemos partidos fuertes -más allá del oficialista que enfrenta sus propias crisis-, no tenemos instituciones democráticas independientes. Las organizaciones políticas (partidos, agrupaciones, etc.) no han sido capaces de generar opciones, y el MAS utiliza su predominio para desgastar a cualquier potencial opositor, durante todos estos años ha sido eficaz para descabezar poderes regionales, no con mejores propuestas, sino a través de inhabilitaciones y disposiciones que le han servido para inviabilizar candidaturas como las de Rebeca Delgado o Eduardo Maldonado. Tampoco olvidemos las famosas elecciones primarias que se impulsaron el 2018 para forzar la exposición previa de postulantes presidenciales y tener más tiempo para desgastarlos, evitando outsiders que a último momento puedan disputarle la elección al MAS.

El propio MAS sufrió en carne de sus militantes más consecuentes, aquellos que no huyeron, la persecución desatada por un órgano judicial completamente subordinado al poder de turno.  Ese es el costo lógico de que el gobierno, sea cual fuere, tenga tanta influencia sobre el resto de poderes del Estado. 

Los casi 12 meses del gobierno de Añez son otra muestra de ello, durante ese tiempo, con un parlamento prácticamente ignorado, dominó el escenario “democrático”: la justicia, la policía y otras entidades gubernamentales, causando zozobra y allanando el camino para el triunfo electoral del MAS.

La actual gestión de gobierno, no ha aprendido nada y sigue arrastrando ese vicio de querer controlarlo todo, como si fuera una virtud.

Pero hay una crisis más profunda que la de las instituciones, la de los liderazgos democráticos. Brasil eligió a un populista conservador, misógino y hasta racista, Argentina fue del Kirchnerismo al Macrismo y viceversa;  mientras Donald Trump, se fue dejando heridos y muertos en el Capitolio, además como prueba de la fragilidad del sistema.

Llegados a este punto es evidente que necesitamos personas de bien y no que sólo lo parezcan. 

Seguro todos nos preguntamos: y bueno, ¿de dónde salen esos nuevos liderazgos democráticos? Pues de los problemas y necesidades que enfrenta la sociedad, y que dan lugar a la emergencia de sujetos que actúan de manera ejemplar en la defensa de la naturaleza, los derechos humanos o la lucha contra la violencia, la injusticia y la corrupción. Claramente no hablo de políticos y figurones que aparecen sólo en marchas o actos públicos y no hacen nada concreto por la sociedad desde sus espacios de trabajo.

Esa ejemplaridad pública, esa integridad, no es propia de un ideario marxista, liberal o indianista, es según, Javier Gomá, filósofo español, la virtud que inspira la acción ciudadana alrededor renueva el sentido del deber público y es la renovación que a nuestra democracia le está faltando.

Cecilia Chacón es abogada.