El Gobierno se negó de entrada a realizar el Censo de Población y Vivienda en este 2022, cuando toca, básicamente porque se le adelantaron a la hora de plantearlo. Cuando evaluó lo ridículo de la posición, dio luz verde al desafío que es tan grande como imprescindible: volver a contarnos todos los bolivianos, explicar cómo vivimos y cómo nos relacionamos.

El censo es un elemento esencial de planificación, el instrumento que debe guiar las acciones e intervenciones de todo tipo en el país, en cada uno de los departamentos, teniendo en cuenta cuales son los objetivos trazados en el Plan de Desarrollo. Por este motivo, el proceso debería abordarse desde el absoluto convencimiento técnico, pero parece más que evidente que no será así, y que, como todo últimamente en este país, se llevará al terreno de lo político – partidario con un solo objetivo: preparar el asalto al poder de un aún lejano 2025.

El Gobernador de Santa Cruz fue el primero en poner sobre la mesa la necesidad de realizar el censo en este 2022. El objetivo es evidente, el departamento oriental y particularmente su capital es la que más crece en el país y el documento la convertirá al fin en el departamento más poblado del país luego de que en 2012 se corrigieran absurdamente algunos datos para que La Paz siguiera siendo el número uno. Cosa de la política fina.

Lo cierto es que en esto de las políticas regionalistas y sectarias que atraviesan incluso cada pueblo de Bolivia, lo de los números no es menor, y en este caso depende del Gobierno orientar el seguimiento para que la ejecución del operativo más grande del país, muy por encima del de cualquier cita electoral, y tal vez incluso más determinante, sea un ejercicio consciente y no una disputa entre barras.

Claro que el Gobierno tiene sus reservas ante lo que tiene toda la pinta de ser un caramelo envenenado. Un censo debe medir los avances sociales de la población en términos efectivos, es decir, cómo se ha crecido en vivienda, en empleo, y qué tal de salud están las familias. Las perspectivas de que los datos sean muy esperanzadores son pequeñas.

Es verdad que el censo de 2012 se realizó justo en los años más boyantes de la industria del gas y por ende, de los ingresos del Gobierno, por lo que los efectos de aquella bonanza deberían recogerse más en el futuro censo que en el anterior, pero también es verdad que desde 2008 se empezó a sentir el dispendio a todos los niveles de gobierno, y que la crisis de precios de finales de 2014, que llevó el barril desde los 100 dólares a los 20 en enero de 2016 ha pasado una factura terrible, particularmente a departamentos como Tarija.

Hasta ahora, Arce va justificando sus datos en base al año de la gestión de Áñez en 2020, donde obvia sistemáticamente el impacto de la pandemia, sin embargo, en una evaluación de un periodo de diez años, las contradicciones entre lo narrado y lo realizado se volverán más evidentes.

En cualquier caso, estamos todavía a tiempo de que el censo no se convierta en el enésimo objeto de lucha partidaria y realmente se realice para que le sirva al país. Es el tiempo de un verdadero pacto para que así sea.