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Medio: El País
Fecha de la publicación: viernes 14 de enero de 2022
Categoría: Autonomías
Subcategoría: Autonomía Indígena
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Después de que la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) de Itika Guasu confirmara que está pendiente la compensación económica por daños ambientales por el proyecto del Gasoducto Villa Montes-Tarija (GVT), YPFB Transporte S.A. emitió un comunicado explicando en qué estado se encuentra el Acuerdo al que se llegó con los pueblos indígenas, quienes deben cumplir con algunas cláusulas pactadas.
Los indígenas de la APG-Itika Guasu se refieren a la construcción del Loop (ducto de extensión) del Gasoducto Villa Montes-Tarija (GVT) que tiene una extensión de 23 kilómetros, un diámetro de 10 pulgadas y una inversión de 11,85 millones de dólares.
YPFB Transporte S.A. recordó que existe un Convenio de Validación de Acuerdos firmado entre organización indígena y el Ministerio de Hidrocarburos y Energías el año 2012. Desde entonces se gestionaron reuniones para negociar y firmar el Acuerdo de Compensación Socio-Ambiental.
Resultado de ello es que el año 2019 se firmó el Acuerdo de Compensación Socio-Ambiental con los representantes de los pueblos indígenas, por 50 mil dólares. Esa suma, según el boletín de YPFB Transporte S.A., se enmarca en los parámetros del Decreto Supremo 2195, que reglamenta la compensación socio-ambiental. Esa norma establece que el monto no debe superar el 1.5% del valor del proyecto y, por otro, la organización impactada recibe la compensación sujeta a un proyecto específico que sea de directo beneficio de las comunidades, pues los recursos no son de libre disponibilidad.
Según la explicación, el cálculo para la compensación socio-ambiental toma en cuenta criterios como los impactos socio-ambientales identificados en el proceso de Consulta y Participación, la superficie que abarca el proyecto y la población afectada por el mismo.
“El monto acordado por ambas partes está en función a los 7,5 kilómetros del ducto de 10 pulgadas que pasa por la TCO Itika Guasu, considerando que se trata de áreas ya impactadas por otras obras anteriores – el Loop fue emplazado en el ya existente Derecho de Vía (DDV) del Gasoducto Villa Montes – Tarija y comparte una buena extensión del área fiscal del DDV de la carretera Villa Montes–Tarija”, indica la nota.
No hay comparación con el GCC
Al exigir el pago de la compensación por la construcción del GVT, la dirigencia indígena de la APG-Itika Guasu pidió el mismo trato que YPFB Transporte S.A. está dando a las organizaciones campesinas del Chapare, donde la compensación por la construcción del Gasoducto Carrasco – Cochabamba (GCC) es superior al millón de dólares.
En este punto, la estatal petrolera recalca que no existe comparación entre la magnitud de ambos proyectos. YPFB Transporte S.A, recalca que el GCC tiene una longitud de 250 kilómetros y un diámetro de 16 pulgadas con un Derecho De Vía (DDV) de 15 metros de ancho a lo largo del gasoducto que atraviesa 10 municipios del departamento de Cochabamba y 89 comunidades campesinas.
Mientras que el GVT tiene una longitud de 23 kilómetros y un diámetro de 10 pulgadas, con un DDV también de 15 metros de ancho que ya existía y al que sólo fue necesario mejorarlo. Atraviesa solo 7,5 kilómetros de la APG-Itika Guasu, ubicada en el municipio de Entre Ríos, en la provincia O Connor.
“El área que impactó el GCC se trata de bosques altamente sensibles, en buen estado de conservación, muchos cursos de agua; mientras que el trazo del GVT cruza áreas con bosque seco chaqueño con alto grado de intervención humana”, explica el boletín oficial.
Indígenas deben cumplir el Acuerdo
Para las compensaciones del GCC y del GVT, los beneficiarios deben cumplir con los términos de los Acuerdos pactados con YPFB Transporte S.A., en estricta observancia de las normas. “Una vez esto ocurre se procede a los desembolsos correspondientes”, dice la nota.
Al momento, el pago a la APG-Itika Guasu está pendiente porque se aguarda que ésta cumpla con algunas cláusulas del Acuerdo.
“YPFB Transporte S.A. reitera que cumplirá su obligación de realizar la compensación socio-ambiental en fiel cumplimiento de las normas vigentes”, concluye.