“Queremos hacer conocer la preocupación del Órgano Judicial a través del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Consejo de la Magistratura (CM), que recibimos denuncias y quejas de jueces y juezas del Estado que son atacados mediante redes sociales. El Órgano Judicial no solamente es independiente frente a los otros órganos del Estado, también su ejercicio y la función que cumple debe estar exenta de cualquier tipo de amedrentamiento o presión”, afirmó Ricardo Torres, Presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). 

El presidente del Consejo de la Magistratura (CM), Marvin Molina, enfatizó en la “presión mediática” que se genera en los jueces a raíz de la publicación de nombre y casos en redes sociales y medios de comunicación.

“Atenta contra la integridad de servidores judiciales, que no solamente están en calidad de servidores, también son padres y madres de familia, hermanos, hermanas, esposas, esposos, hijas e hijos”, dijo.

Las autoridades judiciales denunciaron que al publicarse nombres y procesos en medios de comunicación se pone en indefensión a jueces, vocales y fiscales, “sin considerar sus derechos individuales y el principio de independencia judicial al ejercer una presión sobre ellos”, por lo que el hecho se pondrá en conocimiento de organismos internacionales. 

“Esta exhortación la hacemos como Tribunal Supremo de Justicia y pondremos en conocimiento de los organismos internacionales lo que acontece en el país con la presión y amedrentamiento a jueces del Estado Plurinacional de Bolivia”, refirió el Presidente del TSJ.

La organización internacional Human Rights Watch (HRW) presentó este jueves su informe mundial 2022, y en su capítulo dedicado a Bolivia sostiene que el sistema judicial “sufre los efectos de la interferencia política desde hace años”. Así también que el expresidente Evo Morales “socavó la independencia judicial” durante su gobierno; que en la etapa de Jeanine Áñez se promovieron “procesos infundados”, y que la administración de Luis Arce “apoya acusaciones desproporcionadas”.

HRW señala que la Constitución de 2009 habilitó a los votantes a elegir a los jueces de tribunales superiores a partir de listas creadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Los legisladores del partido de Morales —el Movimiento al Socialismo (MAS)— colmaron las listas con sus simpatizantes, dice el documento.

Asimismo, refiere que durante este periodo los fiscales presentaron cargos contra varios de sus rivales políticos que, aparentemente, respondían a motivaciones políticas.

Hace mención que alrededor del 80% de los jueces y fiscales aún son “transitorios”, lo cual aumenta el riesgo de que tomen decisiones para complacer al gobierno de turno y así poder permanecer en el cargo.

Las falencias identificadas en el sistema judicial en Bolivia son “un problema estructural”, vinculados a la falta de independencia, ausencia del debido proceso, instrumentalización de la justicia y el uso abusivo de la detención preventiva, concluye el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en el capítulo Situaciones estructurales para la protección de derechos humanos y estabilidad democrática, en su informe sobre la crisis política entre septiembre y diciembre de 2019.