En su reciente informe mundial, Human Rights Watch (HRW) concluye que el sistema judicial de Bolivia sufre los efectos de la interferencia política desde hace años y ratificó que Evo Morales socavó la independencia de justicia en el país.

En el documento señala que el gobierno interino de Jeanine Áñez (noviembre de 2019 a noviembre de 2020) se promovieron procesos judiciales “en base a cargos infundados contra opositores políticos”.

También señala que del mismo modo, “el gobierno de Luis Arce (noviembre de 2020 a la fecha) apoya acusaciones desproporcionadas de terrorismo y genocidio contra la expresidenta Áñez sin la evidencia necesaria”.

Además, en febrero de 2021m otorgó una amnistía por delitos vinculados con la crisis política que atravesó el país en 2019, la cual parecía estar diseñada para favorecer a sus simpatizantes.

“En respuesta a un informe que emitió un grupo de expertos internacionales en agosto, el presidente Arce dejó la amnistía sin efecto y prometió reformar el sistema de justicia”, destaca el informe.

HRW también hace referencia a que expertos internacionales documentaron graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el gobierno interino de Áñez, incluyendo dos masacres brutales llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad, así como actos de violencia “instigados” por el gobierno de Evo Morales (enero de 2006-noviembre de 2019).

El informe expuso las deficiencias de la Fiscalía General del Estado a la hora de realizar investigaciones adecuadas y garantizar la rendición de cuentas por estos crímenes, en referencia al informe de los expertos del GIEI.

Independencia judicial

En el informe de la HRW se indica que “el expresidente Evo Morales socavó la independencia judicial durante sus casi 14 años en el poder”.

La Constitución de 2009 habilitó a los votantes a elegir a los jueces de tribunales superiores a partir de listas creadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Los legisladores del partido de Morales —el Movimiento al Socialismo (MAS)— colmaron las listas con sus simpatizantes. En 2010, se dispuso que todos los jueces designados antes de 2009 eran “transitorios”. Muchos fueron destituidos de forma sumaria, destaca el capítulo dedicado a Bolivia.

También indica que durante el gobierno de Morales, los fiscales presentaron cargos contra varios de sus rivales políticos que, aparentemente, respondían a motivaciones políticas.

Alrededor del 80% de los jueces y fiscales aún son “transitorios”, lo cual aumenta el riesgo de que tomen decisiones para complacer al gobierno de turno y así poder permanecer en el cargo.

Después hace una mirada al gobierno de Jeanine Añez, y señala que en ese periodo “presionó a fiscales y jueces para que actuaran de manera favorable a sus intereses, dando lugar a investigaciones penales por sedición, terrorismo o pertenencia a una organización delictiva contra más de 150 personas vinculadas con el gobierno de Morales, que en muchos casos parecían responder a motivaciones políticas”.

Tras ganar las elecciones presidenciales de octubre de 2020, Luis Arce, perteneciente al MAS, dijo que el sistema de justicia debería ser independiente de la política. En noviembre de 2020 estableció una comisión de expertos para proponer reformas.

Sin embargo, en febrero de 2021, el presidente Arce decretó una amnistía que permitía la impunidad por delitos graves y parecía haber sido diseñada para favorecer a sus simpatizantes.

En marzo, las autoridades detuvieron a Áñez y a dos de sus exministros por terrorismo y otros cargos, en relación con su supuesta participación en un golpe de Estado contra Morales en noviembre de 2019. En agosto, el fiscal general acusó a Áñez de genocidio por dos masacres ocurridas durante su gobierno. “Human Rights Watch revisó los documentos de imputación y la proposición acusatoria y no halló pruebas de que Áñez hubiera cometido actos de terrorismo o genocidio”, señala el informe.

Al 3 de noviembre, Áñez continuaba en prisión preventiva. En agosto, la Oficina de las Naciones Unidas en Bolivia instó al gobierno a implementar estrategias de prevención del suicidio y otras medidas para preservar su salud.

También en agosto, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado en el marco de un acuerdo del gobierno con la Comisión Interamericana de Derechos

Humanos, publicó un informe en el cual puso de manifiesto la falta de independencia del sistema judicial. En respuesta, el gobierno de Arce revocó el decreto de amnistía de febrero de 2021. En octubre, su gobierno firmó un acuerdo con organismos de la ONU para reformar el sistema de justicia, que incluye recibir recomendaciones de expertos nacionales e internacionales.

BD/JCV