Jeanine Añez Chávez, Vladimir Calderon Mariscal, Williams Kaliman Romero, Flavio Arce San Martin, Carlos Orellana Centellas, Jorge Fernández Toranzo, Jorge Terceros Lara, Jorge Mendieta Ferrufino y Palmiro Jarjury Rada son las nueve personas que irán a juicio del caso 'Golpe II', cuya acusación formal fue presentada a finales de 2021 por el Ministerio Público.

“Por ser autores de la comisión del delito referido (incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes), conforme establece el Código de Procedimiento Penal y concluido el juicio oral se dicta sentencia condenatoria conforme establece el Art. 365 de la referida norma adjetiva penal, se los declara autores y culpables de los delitos acusados, más el pago por daños al Estado y pago de días (multa) establecidos en el Código Penal”, reza la última parte del pliego acusatorio que es un documento de 31 páginas.

Este caso fue presentado el 27 de abril de 2021, por el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, quien pidió ampliar la querella que ya había en contra de Áñez. 

El memorial original del senador del MAS identificaba seis delitos: sedición, conspiración, atribución de los derechos del pueblo, resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado (CPE) y a las leyes; anticipación o prolongación de funciones, asociación delictuosa e incumplimiento de deberes. La acusación formal solo prevé los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución.

La expresdienta Áñez es acusada por los sucesos del 11 y 12 de noviembre de 2019. En el primer día, aseguran que hubo una coordinación con el entonces comandante de la Policía, general Vladimir Calderón, para pedir al entonces comandante de las FFAA, general Williams Kaliman Romero, la salida de militares a las calles. Reflejan el video que envió Áñez aquel día dirigido al jefe militar y lo responsabilizan de lo que pueda suceder si no sacaba a los militares a las calles.   

Sobre el 12 de noviembre, los fiscales hacen un relato de toda la sesión que fue conducida por Áñez y aseguran que en sus declaraciones públicas denotó que conocía el procedimiento legislativo y que obvió esos pasos de forma deliberada.

Las acusaciones

El general Sergio Orellana es acusado de haber organizado todo el operativo para el traslado de legisladores afines a Áñez y evitando el traslado de los asambleístas del MAS. 

El Ministerio Público exhibe que el general Orellana ostentaba el cargo de jefe del Departamento III de Operaciones y estaba al tanto de todo el operativo, con anterioridad. En ese trabajo, también habría participado otro militar, Jorge Fernández Torranzo, en calidad de Inspector General del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas.

Al resto de los jefes militares se los acusa de “avalar” la concreción e investidura de Áñez y no cumplir con sus deberes de respetar al gobierno legítimamente constituido.

La acusación principal sobre los jefes militares se basa en la conferencia de prensa que ofrecieron la noche del 11 de noviembre de 2019, cuando informaron que las FFAA garantizarían la seguridad de las empresas estratégicas del Estado.

Curiosamente, el militar que retiró la medalla presidencial de las bóvedas del Banco Central de Bolivia (BCB), no figura en el pliego acusatorio y solo menciona que se trata del general Milton Navia Escalera.  

“Se debe considerar, dentro de la investigación, la participación de varios miembros de las Fuerzas Armadas y la forma dolosa en el cual realizan e inician el trámite de retiro de la medalla presidencial del Banco Central de Bolivia, acto de entrega que se efectúa ese mismo 11 de noviembre de 2019, a las 15:30 aproximadamente. El retiro fue realizado de forma premeditada, ya que en ese momento no se sabía si se iba o no a producir una sucesión presidencial”, refiere la última parte de la acusación, pero no identifica de quiénes se trata.