El alcalde cruceño, Jhonny Fernández, realizó este martes la ampliación de su declaración ante la Fiscalía por el caso “ítems fantasmas” y presentó nuevos documentos y pruebas sobre la denuncia de la presunta “red de corrupción” que operó al interior del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz, durante la gestión de Angélica Sosa.

“El aporte que estoy haciendo en las denuncias, va a ser contundente en esta situación (...) lo que yo hago es ser serio en este tema, y las pruebas hay que presentarlas”, indicó Fernández tras salir de la Fiscalía cruceña.

Explicó que se presentó de manera voluntaria para ampliar sus declaraciones en calidad de testigo ya que fue concejal y víctima porque ahora representa a la Alcaldía cruceña.

Indicó que se realizó una complementación a su primera denuncia sobre los “contratos irregulares” y que será la Fiscalía la que analizará la documentación entregada por la Dirección de Recursos Humanos.

“Yo estoy de testigo y como damnificado como Gobierno municipal, y nosotros somos los que hemos hecho la denuncia, ahora nos estamos ratificando y estamos complementando para poder ayudar a la comisión que investiga este caso", aseveró.

Aclaró que en su primera denuncia se contempló a 1.205 contratos irregulares, pero que después se develó la existencia de 80 “ítems fantasmas” a denuncia pública de Valeria Rodríguez en contra de su esposo Antonio Parada Vaca, quien era Director de Recursos Humanos y ahora está prófugo.

Sobre las recientes denuncias del abogado de Angélica Sosa, Joadel Bravo, en su contra por el presunto “tráfico de ítems” cuando fungía como concejal, indicó que solo se pretende contaminar la investigación y reprochó que las pruebas no se las haya presentado ante la Fiscalía. 

En el marco de estas investigaciones que se realiza por los “ítems fantasmas”, se tiene con detención preventiva a la exalcaldesa Angélica Sosa, a Julio Cesar Herbas y a Javier Cedeño, ambos exfuncionarios municipales, además de Guillermo Parada Vaca, quien está con detención preventiva con fines de extradición en la república de Panamá.