Marcelo Valdez,  abogado de la exdiputada Lidia Patty, indicó este martes que, pese a los testigos que ofreció la defensa de la expresidenta de facto, Jeanine Añez, para el juicio oral por el caso denominado Golpe de Estado II, no puede evadir los delitos porque existen documentos firmados como prueba de incumplimiento de deberes  y resoluciones contrarias a la Constitución.

“¿Qué testigos podrían tener ante un documento firmado? Un documento firmado claramente es contrario a la Constitución (Política del Estado); por ejemplo, aquel decreto supremo (4078) que autoriza a las Fuerzas Armadas el uso de la fuerza, esa es una resolución contraria a las leyes, al control de convencionalidad a tratados internacionales en materia de derechos humanos”, indicó.

Explicó que, en el marco de estas investigaciones, la exdiputada y denunciante del caso golpe de Estado I no fue notificada, porque en este caso los denunciantes son el Ministerio de Gobierno y la Procuraduría General del Estado.  

“El caso Golpe de Estado II es contra los funcionarios públicos, lo está llevando la Procuraduría y el Ministerio de Gobierno, y la gran mayoría ya están aprehendidos (…) Solamente, están militares, policías y funcionarios como el caso de la señora Áñez que hubieran firmado algo que no tenían que firmar porque ella nunca ha sido presidenta constitucional”, acotó.

Por su parte, la defensa de Áñez ofreció 45 testigos para enfrentar el juicio. Se espera que mañana el Órgano Judicial emita el auto de apertura de juicio contra la expresidenta de facto y que en el plazo de 45 días se tenga la primera sentencia.

El 30 de noviembre, en el marco de las investigaciones del caso Golpe de Estado II, la comisión de fiscales de la ciudad de La Paz presentó la acusación formal en contra de la exmandataria de facto, por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la constitución y a las leyes.

Según la Fiscalía, se cuentan con más de 70 pruebas y casi una veintena de declaraciones testificales que indican que Áñez hubiera adecuado su conducta al tipo penal previsto en el Artículo 153 del Código Penal referido a resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, además de haber adecuado su conducta al Artículo 154 del mismo cuerpo normativo por incumplimiento de deberes.

Dentro de la acusación, se incluyen al excomandante de la Policía, Yuri Calderón; el excomandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kalimán, y al Alto Mando Militar que coadyuvó a que la Áñez pueda instalarse en el Gobierno en 2019.