La defensa legal de Jeanine Añez presentó sus pruebas de descargo para enfrentar el juicio por el caso denominado “golpe de Estado II” y ofreció como testigos a unas 45 personas, entre las cuales están incluidas varias personalidades políticas como Adriana Salvatierra y Eva Copa.

La información fue proporcionada a ERBOL por el abogado de Añez, Luis Guillén, quien indicó que las pruebas de descargo se presentaron el pasado viernes.

En este caso, Añez está acusada por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución, debido a la forma en que asumió la presidencia el 12 de noviembre de 2019.   

El jurista explicó que los testigos ofrecidos no sólo tendrían que seguir una misma línea, sino deberían explicar cómo se presentó la sucesión presidencial de 2019.  

Señaló que entre los testigos ofrecidos está Adriana Salvatierra, que en 2019 renunció públicamente a la presidencia del Senado. 

También están el exsenador Óscar Ortiz, el monseñor Aurelio Pesoa, además de operadores políticos como Ricardo Paz y Roberto Moscoso, de quienes se sabe que estuvieron en los diálogos que hubo antes de la sucesión.     

El abogado Guillén señaló que también se propuso como testigo a Eva Copa y manifestó que su testimonio será muy importante en el juicio. También está en la lista la exdiputada Shirley Franco, entre otras personas.

Indicó que también se han presentado más de 26 pruebas documentales, que van desde las leyes promulgadas por Añez, publicaciones oficiales, autos constitucionales que reconocen la presidencia transitoria y redacciones del legislativo.

Asimismo, como pruebas de descargo está el informe de la OEA y el acuerdo del organismo con el Estado para auditar las elecciones de 2019.

Guillén afirmó que se trata de un “sinfín de pruebas” de que hubo un gobierno constitucional transitorio y apegado a la  norma. 

También se adjuntó medios digitales, como videos y audios de medios de comunicación. Asimismo, la defensa de Añez pidió las pericias de estas grabaciones y también de expertos en derecho constitucional.

El jurista reiteró su rechazo a que Añez haya sido acusada formalmente por la Fiscalía en este caso. 

Recordó que, en primer lugar, es un proceso que no debería existir porque es derivado de otro, es decir, del caso “golpe I”, en el cual se investigan los mismos hechos, pero por otros delitos.

También observó que la Fiscalía se base en el informe de investigadores para determinar que la asunción presidencial de 2019 estuvo contra la normas, cuando existen resoluciones constitucionales que reconocen al gobierno transitorio.

Cuestionó también que en la justicia ordinaria se pretenda definir si la presidencia de Añez fue constitucional y afirmó que no está dentro del marco de sus competencias.