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Medio: Jornada
Fecha de la publicación: martes 11 de enero de 2022
Categoría: Debate sobre las democracias
Subcategoría: Repostulación presidencial / 21F
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En un texto manuscrito que fue difundido en sus redes sociales, Áñez sostiene que la comisión parlamentaria «es una comisión política» y que su intención no es la de «velar» por sus derechos humanos ni por el estado de su salud, tras diez meses de su reclusión.
«Requiero a organismos internacionales, que están acreditados y que verdaderamente se preocupan por mi salud y mi integridad física para que me ayuden a recuperar todos mis derechos», señala.
En la carta Áñez se define como «presa política» y apunta al presidente del país, Luis Arce, al exmandatario Evo Morales, «la élite» del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) y a la justicia boliviana como principales responsables para que se violen sus derechos.
La semana pasada, Áñez hizo pública otra carta en la que se declaró en «indenfensión» tras la negación de un juez a un pedido de libertad por encontrar «riesgo de fuga» y «obstaculización» en los procesos por los que se la acusa.
La ex jefa de Estado transitoria cumple detención preventiva por delitos de terrorismo, sedición y conspiración por el caso llamado «golpe de Estado» por el que en primera instancia se dispuso encarcelamiento por cuatro meses que luego se ampliaron a seis.
Después se instauró otro proceso penal denominado «golpe de Estado II» con acusaciones de incumplimiento de deberes y resoluciones contra la Constitución por lo que su reclusión se amplió por otros seis meses.
En diciembre pasado, Áñez ya había denunciado lo que considera una «tortura psicológica» por algunos altercados con funcionarios de la cárcel en la que está recluida en La Paz.
Durante su detención, hace casi diez meses, Áñez ha sufrido varios problemas de salud como una crisis por hipertensión arterial y en una ocasión se autolesionó un brazo manifestando que ya no quería vivir.
El Gobierno considera que Áñez llegó al poder en 2019 a través de un «golpe de Estado» y no por sucesión Constitucional en su condición de segunda presidenta del Senado tras la renuncia de Evo Morales y la dimisión masiva de las autoridades en la línea de sucesión.



