Recientemente un viceministro de la cartera de Justicia, reconoció la perenne inexistencia de la independencia judicial durante los sucesivos gobiernos en la historia de Bolivia.

La sumisión de la justicia a la política no es su único mal, hay que agregarle su endémica corrupción para favorecer a quien pueda comprarla, y a partir de ello sumarle aún una multitud de vicios, con lo cual ésta, virtualmente, se encuentra hoy inhabilitada para poder cumplir con su importante rol de garantizar una sociedad más justa y pacífica.

Es por esto que mucho se ha hablado y se habla, de la necesidad de una reforma judicial, pero es tal el deterioro, que acometerla directamente, no sería suficiente para reencauzar este valor y rama esencial del gobierno democrático, sino que imprescindiblemente, y antes de cualquier reforma, se debe encarar un auténtico e histórico pacto de justicia en el cual los bolivianos arribemos a un consenso esencial sobre cuál es la justicia que queremos; si una que simplemente favorezca al poderoso de turno, o tal vez solo a las grandes mayorías del momento, o si por cuenta una que pueda actuar imparcialmente y aplicando solamente el Derecho.

La respuesta sincera a esta cuestión, políticamente no es sencilla, ni menos aún ingenua, ya que los adversarios no desaprovecharían la mínima oportunidad para destruir a su oponente, pero paradójicamente la mantención de un sistema perverso, como el actual, tampoco les garantiza lo contrario.

Encontrándonos ante esta disyuntiva y con la finalidad de poder encontrar los contenidos mínimos y esenciales, a partir de los cuales sea posible fundar no solo una nueva rama judicial en Bolivia, sino un sistema que sustente amplias instituciones y políticas de justicia, la filosofía nos brinda, de la mano del Profesor John Rawls y su noción de la justicia como equidad, una muy útil herramienta a partir de la aplicación del ejercicio mental e hipotético llamado el “Velo de la ignorancia”, mismo que plantea imaginar cuáles serían aquellas decisiones y acuerdos racionales a los cuales arribarían los representantes de una sociedad, para definir los requisitos para el acceso y distribución de los bienes y recursos con los que cuenta ésta, pero bajo la circunstancia especial de que éstos representantes no van a poder conocer en absoluto las condiciones particulares de cada uno de sus representados, no sabiendo si éstos son ricos o pobres, hombres o mujeres, con mucha o escasa educación y, en suma, ignorando absolutamente cualquier ventaja o desventaja que los pudiese caracterizar.

En este escenario, al que Rawls denomina la posición original, los representantes racionalmente arribarían siempre a unos principios de justicia universales y válidos para cualquier sociedad en todo tiempo, y que lo serían entonces también para el caso actual boliviano, siendo el primer gran consenso, que a cada persona se le debe garantizar un igual derecho a las más amplias libertades, y un segundo consenso consistiría en que las desigualdades sociales y económicas, deben resolverse de modo tal, que en primera instancia los bienes y recursos deben ser asequibles para todos en condiciones de igualdad de oportunidades, y luego de ello, en una forma que resulten en el mayor beneficio de las personas menos aventajadas de la sociedad.

Estos dos principios de justicia, tan claramente esbozados por este emérito y contemporáneo filósofo social, ciertamente nos clarifica el horizonte para acercarnos a los consensos básicos que como sociedad tenemos que plasmar en un pacto de justicia que anteceda cualquier iniciativa de reforma judicial, y ello so pena de volver a reincidir en un nuevo intento fallido más.

José María Cabrera Dalence es Constitucionalista, Profesor de Derecho y ex Procurador General del Estado