Nelson Cox, quien fue llamado el “viceministro del odio” por su postura radical contra los opositores que protagonizaron los hechos violentos de noviembre de 2019, fue destituido ayer -vía WhatsApp- por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. Esto luego del escándalo sobre la contratación del supuesto abogado de la familia del exministro Arturo Murillo como su colaborador.

De manera escueta, Cox anunció que en su momento revelará quienes “también” tienen responsabilidad en la contratación de personal ligado a Murillo.

“Es cierto, el ministro (Del Castillo) me acaba de informar que me han destituido”, reveló Cox a Página Siete después de conocer la noticia, dato que ya circulaba en  medios de comunicación, pero con una versión desmentida por el exviceministro. Las publicaciones señalaban que Cox fue quien renunció y se citaba como fuente al Ministerio de Gobierno.

Dijo que no se le entregó ningún documento ni explicación sobre la destitución “y tampoco voy a consultar”, puntualizó. Sin embargo, anunció que contará toda su verdad sobre la contratación de dos colaboradores suyos, uno de ellos Augusto Villarroel, quien en mayo de 2021, durante un allanamiento, se identificó como abogado de la hermana de Murillo.

“Voy a ser muy prudente en decir la verdad en su momento, y voy a hablar toda la verdad contra todos los que también tienen responsabilidades”, anunció el exviceministro de Régimen Interior y Policía al ser consultado sobre la contratación de ambos funcionarios. Reiteró que no existe documento que pruebe que Villarroel fue abogado de la familia Murillo y cerró el tema.

Fuentes oficiales en el Ministerio de Gobierno confirmaron a Página Siete que  luego de la verificación y con autorización de Del Castillo, se procedió a la contratación de Villarroel y Rodrigo Q. A. el 26 de agosto. Ambos tenían un salario de 11.362 bolivianos.

Cox informó el pasado viernes que Villarroel fue desvinculado del viceministerio, pero aún se desconoce la situación de Rodrigo Q. A. Página Siete realizó las consultas a la unidad de comunicación del Ministerio de Gobierno, pero no hubo respuesta alguna.

Las mismas fuentes explicaron que la contratación del personal en los viceministerios y direcciones del Ministerio de Gobierno, no solo pasa por el análisis de la formación académica, sino también por la acreditación de militancia en el MAS, haber realizado campaña electoral, recomendaciones de organizaciones sociales e incluso una revisión de redes sociales, por lo que el trabajo de Villarroel con Murillo y su entorno no era un secreto, pero que tiene otra explicación.

En el caso de Rodrigo Q. A. se cuestionó que su pareja sea una exfiscal de Cochabamba quien, según las publicaciones de prensa, en 2016 fue sentenciada a un año de presidio por la pérdida de 119 mil dólares en un caso de narcotráfico. “Si bien no es un impedimento que un familiar (de un funcionario) sea procesado (o tenga antecedentes) por un delito, tiene que ver con la ética y el discurso que profesa el ministro Del Castillo”, manifestó un funcionario del área jurídica.

“Viceministro del odio”

Cox pasó de delegado de la Defensoría del Pueblo de Cochabamba y excandidato a la alcaldía de esa capital, a viceministro de Régimen Interior el 28 de junio de 2021, luego de la sorpresiva destitución de Emilio Rodas. Una vez en el cargo, el también excandidato del MAS a la alcaldía de esa capital asumió una postura radical en relación a los procesos contra quienes fueron parte de los movimientos que generaron el supuesto golpe de Estado en contra de Evo Morales en 2019.

Contrario a su perfil de defensor de derechos humanos, Cox aseveró que los miembros de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), a los que denomina grupo parapolicial, no merecen la presunción de inocencia y debían ser encarcelados. Afirmó que en noviembre de 2019 él fue perseguido y amenazado con armas de fuego por este grupo y que estos hechos sustentaban su juicio de valor.

Meses después, Cox responsabilizó de la muerte del campesino Basilio Titi (el 9 de noviembre en Potosí)  a los dirigentes del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), a los cuales señaló por supuestamente buscar ejecutar un “plan de operaciones irregulares”, como -según él- se hizo en 2019, y llamó a frenar las movilizaciones que demandaban la abrogación de la Ley 1386.

Ante esta postura, el alcalde de La Paz, Iván Arias, pidió la renuncia de Del Castillo y Cox por promover la confrontación, utilizando la muerte de Titi con fines políticos, luego de que los informes forenses revelaron que el fallecimiento fue accidental.

En su cuenta de Twitter, Arias pidió al gobierno del presidente Luis Arce: “La destitución del ministro de Gobierno y de su viceministro del odio es lo mínimo que se espera. Honor y gloria hermanos del sur. ¡Valen un Potosí!”, escribió el alcalde.

• Tercera El alejamiento de Nelson Cox del cargo de viceministro de Régimen Interior y Policía es la tercera destitución hecha por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, desde que asumió al cargo en noviembre de 2020. El primero en ser removido del puesto fue Gonzalo Lazcano, quien fue sustituido por Roberto Ríos (militante de Columna Sur y de la célula Jichis) en el cargo de viceministro de Seguridad Ciudadana, el segundo fue el antecesor de Cox, Emilio Rodas.
• Reacción Yassir Molina, líder de la RJC, sobre la destitución de Cox expresó: “Ahí va el peor viceministro, el peor defensor de derechos humanos y el máximo frustrado político de la historia de nuestro país”.