Mediante el proyecto de  Ley de Auditoría Electoral,  el Movimiento Al Socialismo (MAS) pretende dar a la Contraloría General del Estado (CGE) la atribución para auditar las elecciones del 2019 y las venideras. Expertos coinciden en que la propuesta normativa es inconstitucional y  vulnera la independencia del Órgano Electoral.

“La Contraloría General del Estado realizará una auditoría, conforme a la presente ley, al proceso eleccionario del 20 de octubre del 2019, en un plazo máximo de tres meses a partir del desembolso de recursos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas”, se lee en la disposición transitoria única del proyecto, al que accedió Página Siete.

En ese apartado se agrega que excepcionalmente el resultado de la auditoría al proceso eleccionario del 20 de octubre del 2019 “no tendrá carácter de vinculatoriedad”, pero que “servirá de prueba” para las acciones legales que correspondan.

El objeto de ese proyecto es “regular” la Auditoría Electoral  en torno a los procesos generales y subnacionales. Para ello, según el artículo 3, se creará la “Comisión de Auditoría” que  estará a cargo de la Contraloría General del Estado  y cuyo trabajo será desarrollado conforme a las normas de auditoría especial aprobadas por la CGE.

“Del mismo modo la CGE podrá invitar a auditores y observadores nacionales y/o internacionales acreditados para que acompañen el trabajo de auditoría”, se agrega en ese articulado.

El diputado del MAS Ramiro Venegas, el proyectista, afirmó que la meta de esa propuesta normativa es que “no queden dudas de que la democracia en Bolivia fue vulnerada” en 2019 con la auditoría de la Organización de Estados Americanos, que concluyó que en esos comicios hubo una manipulación dolosa  a nivel del procesamiento de los resultados y de actas.

“Debemos sentar quién va a ser la entidad objetiva para auditar no solo de la elección del 2019, sino las próximas elecciones. Las auditorías electorales no están dentro de la Constitución, pero se ha presentado esta ley para que la Contraloría haga la auditoría y no acudir a organismos internacionales”, manifestó Venegas.

El proyecto también establece que el análisis electoral puede ser realizado a pedido del Parlamento, por voto mayoritario.

“El Órgano Electoral deberá emitir las resoluciones correspondientes con base en las conclusiones del informe de auditoría electoral, teniendo el mismo carácter de vinculatoriedad y además servirán de prueba para cualquier acción legal que pudiera corresponder”, señala el artículo 5.

El documento fue ingresado a la Cámara Baja en el 15 de septiembre del 2021. Ahora está para revisión de la Comisión de Constitución.

Venegas, durante 2021, presentó denuncia contra los exvocales Rosario Baptista y Salvador Romero. También interpuso, sin éxito, casos contra el presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, y la vicepresidenta Nancy Gutiérrez en busca de que sean suspendidos.

“Inconstitucional”

El constitucionalista Williams Bascopé manifestó que el proyecto es inconstitucional, puesto que la Constitución establece la división de poderes del Estado. Subrayó que la Carta Magna establece que la Contraloría solo puede auditar el manejo económico del Estado.

“El Órgano Electoral es un poder del Estado. De acuerdo a las leyes 018 y 026 y la Constitución, es el único que tiene atribuciones sobre temas electorales. La Ley 1178 sólo da la Contraloría la atribución de revisar el manejo de los recursos del Estado”, afirmó.

Bascopé dijo que con este proyecto sólo pretende “torcer la competencias de la Contraloría”, para invadir las atribuciones de uno de los órganos del Estado.

“Con esa ley de auditoría solo ponen en duda la legitimidad de las actuales autoridades electas, solo quieren lavar la imagen a Evo Morales con el uso de las instituciones del Estado”, complementó.

El politólogo Hugo San Martín afirmó que con el proyecto el MAS pretende olear y sacramentar su narrativa de “golpe de Estado”,  evitar que a futuro haya cualquier investigación por el fraude, además de  impedir que haya una revisión al padrón.

“Lo que quieren es evitar una revisión al padrón electoral y lo que signifique cuestionar el fraude electoral. Hay un proceso de desinstitucionalización, ahora todas las instituciones están en manos del MAS”, explicó.