Aquel enero de 2007 se iba consumiendo el primer año de la denominada “nueva Bolivia” o la “Bolivia del cambio”. Aquella Bolivia que en 2003 había visto caer al Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y al esquema de partidos de la era neoliberal. Aquella Bolivia que no sólo necesitaba un nuevo gobierno debidamente respaldado, sino un nuevo sistema político e incluso un nuevo modelo de Estado.

Hasta fines de septiembre, el país probablemente había vivido uno de los semestres más esperanzadores y armoniosos de su historia. En materia económica, la otrora tormentosa deuda externa virtualmente había sido condonada y los precios de los productos de exportación se hallaban en constante alza. Los conflictos sociales, que crisparon a los bolivianos en los años recientes, habían desaparecido. El nuevo Gobierno Nacional gozaba de una popularidad sin precedentes, los flamantes prefectos electos bosquejaban los regímenes departamentales y la Asamblea Constituyente había entrado en funciones. Hasta ahí la ilusión e incluso las esperanzas más moderadas.

Detrás del espejismo, primaba el cálculo, se jugaba un ajedrez sin mayores escrúpulos. Corría una cuenta regresiva para que se detone otra crisis en contados días. Ese enero de 2007, la fugaz fiesta democrática de la esperanza ya había terminado. En el tiempo de idilio, Evo, en su primera visita, les había pedido a los empresarios privados cruceños que le enseñen cómo producir económicamente. “El vicepresidente, yo y ustedes nueves somos 11, como el equipo de fútbol que tiene que jugar por Bolivia”, había luego dicho Evo Morales a los flamantes prefectos en su primer encuentro. Pero ese enero ya jugaban enfrentados dos equipos de fulbito a plan de trampas y paradas cada vez más virulentas, no precisamente “por Bolivia”.

La “media luna”

Los proyectos de autonomía y de Estado chocaban, cada cual con sus desafiantes excesos. Mientras algunos cívicos cruceños planteaban visas de ingreso para los inmigrantes de otras regiones del país, dirigentes del Movimiento Al Socialismo (MAS) anunciaban tomas de tierras de los terratenientes. La Cuba de Fidel Castro, la Venezuela de Hugo Chávez (en la apoteosis de su gestión) y la Argentina de los Kirchner celebraban cada nueva medida asumida por el Gobierno de Evo Morales. Pero, al mismo tiempo, medios croatas como los diarios Vjesnik y jutarnji o la revista Globus realizaban entrevistas y reportajes sobre un compatriota suyo que se hallaba “en guerra contra los indios”: Branko Marinkovic.

Las tensiones no sólo se atizaban con ráfagas verbales o mediáticas entre La Paz y Santa Cruz o Tarija. Se habían vuelto más cercanas y chispeantes en Sucre donde funcionaba la Asamblea Constituyente. Las deliberaciones se habían entrabado al no poderse acordar la forma de votación. El MAS quería la definición por mayoría del 51 por ciento, la oposición exigía que sea por dos tercios de los votos. Las fuerzas se habían realineado. Por un lado, los seis prefectos opositores, gremios empresariales y comités cívicos. Por el otro, el gobierno masista, sindicatos y organizaciones de izquierda en un acelerado proceso de reconciliación y reorganización.

El candente eje del debate nacional se había marcado entre autonomías versus centralismo. El senador opositor y ex líder cívico tarijeño Roberto Ruiz Bass Werner delineaba la intensidad de la disputa: “El régimen autonómico sólo puede profundizarse. La regresión a un sistema centralizado y antidemocrático sólo es posible destruyendo la democracia”. Y luego acuñaba geográficamente el nombre que definiría la pugna: “La media luna que surge a partir de la economía de gas frente al eje occidental de la minería”.

El prefecto cruceño, Rubén Costas empezó a esgrimir la amenaza de gestar procesos autonómicos de facto. En los siguientes meses sus discursos se volverían cada vez más altisonantes. En un cabildo llegaría a calificar al presidente Morales de “excelentísimo asesino” y en otro acto público a aludir que era “el macaco menor” de Hugo Chávez. La respuesta del Gobierno fue acusar a los líderes de la “Media luna” de racistas, sediciosos, elitistas y excluyentes. Pero especialmente se incidió en el riesgo de que se buscaba encubiertamente la fractura de Bolivia en favor de intereses foráneos.   

Los prefectos rebeldes propusieron al país un proyecto de estatuto autonómico. Evo Morales les exigió que expliquen cuál es su objetivo y hagan conocer si esta su propuesta sería enviada a la Asamblea Constituyente. “Quiero entender que ese estatuto autonómico es para debatir en la Constituyente -alertó con rostro serio-. Pero si quieren aplicarlo están equivocados y por eso pedimos, sobre todo, no descuarticemos al país”.

El detonante cochabambino

A la pugna sólo le faltaba un escenario: las calles. Las movilizaciones en cada región añadían más beligerancia. Sin embargo, aún había espacio para la esperanza. Hasta entonces la violencia política no había superado alguna que otra escaramuza. No había ni señas de represión o persecuciones. Todavía resonaba entre las frases más recordadas del primer discurso de Evo Morales como Presidente una especie de promesa de corte pacifista: ““El nuestro va a ser un Gobierno sin muertos”. Incluso, luego, en varias ocasiones ante los medios, reafirmó su compromiso con un: “Al primer muerto me voy”. 

La retórica les importa poco a los estrategas cuando se ha decidido que más allá de la demostración de fuerzas se debe llegar a la imposición del poder. La confrontación se hacía inminente y había un lugar donde las fuerzas opuestas se hallaban más cerca: Cochabamba. Sólo faltaba que surjan los justificativos para que se encienda la chispa de la violencia.

Unas semanas antes de aquel trágico enero empezaron los aprestos en el corazón geográfico del país. Los dirigentes cívicos llamaron a una huelga de hambre apoyando la demanda de los dos tercios en la Asamblea Constituyente. Casi coincidentemente, el 11 de diciembre, el prefecto Reyes Villa convocaba un cabildo para definir la realización de un referéndum autonómico. Tres días más tarde, el cabildo acordó que se realice un referéndum para la autonomía departamental.

Por si ese no fuese el pretexto ideal para que se desaten las iras, surgió uno propio de tesis sobre los accidentes de la neurolingüística: el prefecto Reyes Villa, pronunció en la declaración central del acto la palabra más inoportuna de aquel tiempo: “Adelante Santa Cruz con su independencia”. Aquel lapsus incendiario fue repetido incontables veces por los medios del Gobierno.

Desde el 19 de diciembre las movilizaciones masistas en demanda de la renuncia del Prefecto se hicieron incesantes. Empezaron a llegar desde el Valle Alto camiones con campesinos y cocaleros portando palos y carteles que, por ejemplo, decían: “Sacaba pide la renuncia de Manfred”. La tensión subió otro peldaño cuando una granada de gas lacrimógeno reventó en medio de una concentración. Las organizaciones sociales se enfurecieron y acusaron a Reyes Villa del atentado.

Durante la tregua navideña las sombras de los operadores políticos no auguraban precisamente noches de paz ni deseos de felicidad para el prójimo. Se ha asegurado que detrás de la confrontación pugnaron dos militares cochabambinos cuya rivalidad tenía una ya larga data. Más de una voz recordaba que Manfred repetía despectivamente que Juan Ramón Quintana, el polémico ministro de la Presidencia de Morales, había sido su “mostrenco”.

Guerra de movimientos

El 4 de enero se desató un asedio cocalero a la Prefectura basado en movilizaciones y vigila permanentes en plena plaza 14 de Septiembre. Tras cuatro días de presión, el 8 de enero, los cocaleros se enfrentan a la Policía. Llegan a quemar parte de la Prefectura y dos vehículos. Hacia el 9 de enero llegan más cocaleros y las marchas se masifican. Paralelamente se inició el bloqueo de caminos y el sitio a la ciudad.

En respuesta, se empezaron a organizar marchas de sectores urbanos. El 10 de enero, algunos miles de ciudadanos bajaron de la zona norte hacia el puente de Cala Cala. Tuvieron un tenso encuentro con los grupos de cocaleros y campesinos que habían extendido su vigilia de la plaza 14 de Septiembre a El Prado. Esa tarde, el Comité Cívico declaró paro para el 11 de enero y organizó una nueva movilización por la misma ruta de la víspera, pero esta vez sumaron varias decenas de miles de movilizados. La Policía se interpuso entre los dos bandos, pero cada minuto que pasaba era evidente que podía ser más fácilmente rebasada.   

Un nuevo ciclo empieza

Minutos más tarde se iniciaba un nuevo y recurrente ciclo de confrontaciones civiles entre bolivianos. Grupos de choque, armados con bates de beisbol, escudos, fierros, palos, etc., se desmarcaron y desbordaron a la Policía. Luego, una avalancha de gente se encontró con las organizaciones de cocaleros y campesinos y se inició una ola de enfrentamientos. El productor bananero Juan Ticacolque, de 38 años, el cocalero Luciano Colque Anagua, de 46 años, y el estudiante Cristian Urresti, de 17 años, fallecieron en aquellos hechos. Fueron las primeras tres víctimas fatales del gobierno que iba “a ser sin muertos”.

Hubo además 450 heridos. Fue un saldo sin duda trágico que, tal cual han señalado diversas voces, sin embargo, resultó pequeño frente a las proporciones del choque. Las muertes de Ticacolque y Urresti quedaron en absoluta impunidad y sólo se procesó y sentenció al victimario del cocalero. Suman entre las ya 131 personas que fallecieron debido a la violencia política en Bolivia en los últimos 16 años, 89 de ellas, durante el Gobierno de Evo Morales. Diez convulsiones similares se sucedieron desde entonces hasta 2019.

Son también, junto a sus familias, las mayores víctimas de la irresuelta conflictividad boliviana. Mientras tanto, quienes la han digitado no perdieron privilegios y hasta se dieron el lujo de cambiar de orilla o coexistir pacíficamente con el enemigo. Costas, por ejemplo, tras el tiempo de la primera ola de confrontaciones, pasó de llamar a Morales de “excelentísmo asesino” a “mi Presidente” luego de una conciliatoria reunión entre ambos. Durante toda su gestión resultó el líder opositor menos perseguido por el régimen. Ruiz abrazó las banderas del MAS y fue funcionario oficialista en Tarija desde 2010. Dos, entre decenas de ejemplos. 

Y aquella primavera de ilusión política, económica y social que llegó en 2006 es calificada por no pocas voces como la más desaprovechada de la historia boliviana. Una deuda externa récord y los recursos del gas languideciendo marcan el nuevo escenario económico. Las desigualdades y contradicciones sociales desatan recurrentemente conflictos parecidos a los de otras décadas. Y en el “nuevo” Estado boliviano no parece haberse consagrado mejores valores ni de justicia ni de democracia. En ese marco, aquel enero de 2007, manchado especialmente con la sangre de tres cochabambinos, sabe a la primera puñalada contra la esperanza colectiva en tiempos mejores.