Los pueblos originarios llevan siglos resistiendo la modernidad colonial capitalista y patriarcal. La reproducción del sistema capitalista se ha basado en la discriminación de saberes considerados “inferiores” o “populares”, pero que en la actualidad consideramos que se han convertido en una brújula imprescindible ante la crisis civilizatoria que sufrimos.

Sucede que paradójicamente el rostro de las comunidades indígenas de tierras bajas tanto del oriente como del Gran Chaco y Cordillera ha cambiado por obra de los populistas del siglo XXI, que tienen la farsa de defender a los grupos étnicos, sus tierras y territorios; sin embargo, su política apunta a la división comunitaria, la destrucción del tejido social ancestral y al despojo violento de sus tierras.

Andrés Aubry (2007: 169) explica la importancia del territorio en cosmovisiones indígenas: “Tierra, territorio y terruño y lo que contienen no se venden ni se compran ni se confiscan o avasallan porque son de los muchos que le dan su existencia colectiva, histórica, cultural, un bien colectivo transgeneracional, la garantía de la existencia futura de quienes los marcaron y los siguen marcando de su sello por secula seculorum. Juntos son una herencia cósmica, un llamado histórico, una memoria activa”.

Conmueve que políticas del gobierno no respeten los derechos de los pueblos indígenas los que, según el numeral 1 del artículo 3 del Convenio sobre los Pueblos Indígenas y Tribales de 1989 (OIT 169), tienen derecho a gozar plenamente de los derechos humanos y las libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Más categórico resulta ser el numeral 2 del mencionado artículo que textualmente dice: “No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coacción que viole los derechos humanos y las libertades fundamentales de los grupos étnicos, incluidos los derechos contenidos en el Convenio”.

La protección de los grupos étnicos también está contenida en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por la Asamblea General el 13 de septiembre de 2007, que en sus artículos 1 y 2 reconoce que: “los pueblos indígenas tienen derecho a la conservación y protección del medio ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras o territorio y recursos naturales. Los Estados deberán establecer y ejecutar programas de asistencia a los pueblos indígenas para asegurar esa conservación y protección, sin ninguna discriminación alguna”.

Por tanto, está proscrito que los gobiernos permitan que grupos irregulares armados denominados interculturales oriundos del territorio de la droga (Chapare) en forma violenta, encapuchados y con uso de armas, despojen y quemen sus casas de más de una veintena de familias de ayoreos del Bajo Izozog, como pasó en días pasados. Los métodos aplicados por los interculturales tienen su sello visible y no es otro que ampliar superficies de tierras para el cultivo de la coca, fabricación de la droga y la comercialización de las tierras negocio considerado de alto rendimiento desde la creación de las Autonomías Indígenas.

Es inadmisible que en un gobierno que se precia de democrático por esta vía se defina como antidemocrático y en su versión totalitaria no interviene para aplicar la ley y  obligar que el ministerio de tierra, el viceministro de tierra y el INRA cumplan con sus competencias de garantizar los derechos de los grupos étnicos de los ayoreos: derecho a su hábitat natural, a su casa grande en armonía con la naturaleza y las aguas limpias de sus ríos, a mantener su identidad cultural propia, a vivir sin discriminación ni amenaza de quemas de sus viviendas, tener acceso seguro a las tierras colectivas ancestrales y al derecho de uso de los recursos naturales esenciales para su bienestar y estilo de vida, a la producción agrícola; así como el derecho a la salud y educación de sus hijos.

El conjunto de derechos violados por las milicias irregulares armadas por interculturales del trópico de Cochabamba contra los ayoreos que fueron torturados, y con el riesgo inminente de extender sus tentáculos para afectar los derechos de una treintena de familias del pueblo indígena Güembé, que viven en las cercanías de Abapó, provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz, a orillas del Río Grande, al ser éstos amenazados por dirigentes interculturales y carboneros de ser desalojados por la fuerza, requieren de la inmediata y urgente intervención del gobierno para investigar y sancionar a los responsables por delitos contra los derechos humanos e indemnizar a las víctimas reparando el daño moral y material, con la situación agravante de no considerar la vida de los niños.

Ante semejante tropelía y humillación bajo la permisibilidad de autoridades y del Ministerio Público y las del área de tierras, Bolivia clama justicia por los grupos étnicos de los ayoreos y güembé, al formar parte las naciones y pueblos indígenas originario campesinos de la nación boliviana como reconoce el artículo 3 de la Constitución.

Por último, considero inexcusable citar a Estermann, J. (2015: 20), teólogo experto en filosofía, que dice: “El vivir bien ni es riqueza ni pobreza, ni despilfarro ni escases, ni lujo ni carencia, sino una vida en armonía con todos los demás seres, una convivencia intercultural interbiótica e intergeneracional exenta de toda violencia y despojo”.

Pedro Gareca Perales / Defensor de DDHH