Bolivia comenzó 2022 con la noticia de que las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, que preside Evo Morales y cuyo instrumento político es el MAS, recibirán 1,6 millones de dólares de la estatal YPFB Transporte S.A. por concepto de una compensación colectiva por los impactos socioambientales derivados de la construcción del Gasoducto Carrasco-Cochabamba en 2008.

El propio Morales reveló la suma en un acto político, la cual luego tuvo que ser confirmada por la empresa, en un comunicado en el que además hizo saber que la mitad del dinero ya llegó a manos de los cocaleros y que debería ser invertido en proyectos de estaciones de servicio de provisión de gas natural, gasolina y diésel en esa zona. Estamos hablando de más de 11 millones de bolivianos, de los cuales ya se depositaron 5,5 millones de bolivianos en la cuenta de los cocaleros del Chapare, mientras que los otros 5,5 millones serán ingresados cuando haya un avance en el proyecto mencionado.

YPFB Transporte explica que la decisión fue tomada en aplicación del artículo 119 de la Ley de Hidrocarburos, que define compensaciones “cuando las actividades hidrocarburíferas se desarrollen en tierras comunitarias de origen, comunales, indígenas o campesinas, tituladas o no”.

Los opositores anunciaron investigaciones sobre el caso, las que probablemente no prosperen porque en la zona del Chapare impera la ley del sindicato, pero, en caso de que alguna transparencia hubiera al respecto, habría que preguntar si las federaciones cocaleras tienen derecho propietario sobre todo el bosque por donde atraviesa el gasoducto como para que se hagan acreedoras de una compensación, tal como sucede con los pueblos indígenas que sí reciben estas compensaciones porque son dueños de tierras comunitarias de origen.

Respecto a esta transferencia de recursos públicos, lo primero que llama la atención es que el dinero llegue directamente a las arcas de los sindicatos donde nació el MAS, pero también inquieta saber que ahora esos recursos estarán destinados a estaciones para la provisión de combustibles, que incluyen diésel, que es un precursor utilizado en la fabricación de droga. El negocio, en sí, no es malo, pero hay que recordar que el 90% de la coca que se produce en el Chapare se destina a actividades ilícitas.

Otro asunto que sorprende es que estos sindicatos reciban compensaciones a nombre de las comunidades campesinas de la zona, donde se sabe que los dirigentes vetan a quienes se atreven a criticar al oficialismo. ¿El dinero no debería llegar a todos, incluso a los críticos?

Además de estos millones que llegan a las cuentas cocaleras del MAS, habrá que recordar que hace poco se avaló un estatuto que permite a este partido cobrar a sus militantes cuotas según sus ingresos en la administración pública.

Un cálculo moderado realizado por Página Siete a fines de agosto permitió establecer que el partido de Morales recibirá de sus militantes Bs 21 millones al año. Tomando en cuenta esta suma, quiere decir que la inyección económica que recibirán los cocaleros y el MAS este año llega a más de 30 millones de bolivianos.

Con este impulso financiero, proveniente en gran parte del Estado, ya sea mediante la compensación o el pago de salarios en la administración pública de los que se destinan cuotas al MAS, se podrá abonar el terreno de una campaña anticipada rumbo a 2025, donde lo más probable es que el beneficiario sea quien ahora recibe $us 1,6 millones a nombre de los cocaleros.

Habrá que preguntarse, finalmente, cómo se fiscalizan los recursos ingresados a las cuentas del MAS y de sus sindicatos, que están dirigidos, en ambos casos, por la misma persona, el expresidente Evo Morales.

La decisión de compensar a los cocaleros del Chapare es condenable porque se están usando recursos de todos los bolivianos para fines privados de un sector que, dicho sea de paso, ha sido uno de los más beneficiados con obras, dotaciones y asignaciones durante los 15 años del gobierno del MAS.